Sagrario: ¿Un crimen con impunidad?

POR FIDIAS OMAR DÍAZ
Hace 35 años que una joven estudiante excepcional salió llena de vida e inquietudes de su hogar en el ensanche La Paz del Distrito Nacional, quedando padres y hermanos a la espera por siempre.

En la mañana del 4 de abril de 1972 la UASD laboraba en la reinscripción de los estudiantes para el inicio de un semestre académico a fin del mes; a las 10 a.m. le imponen un cerco policial bajo el alegato de que en la misma se encontraba el señor Tácito Leopoldo Perdomo Robles, un izquierdista que supuestamente produciría un magnicidio en la persona del Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer.

El jefe de la Policía., general Neit R. Nivar Seijas, exigía al Rector, doctor Jottin Cury, la entrega del señor buscado; la UASD negaba dicha presencia. En el área del Alma Mater nos encontrábamos cerca de mil personas, cuando penetran las tropas policiales Cascos Negros, Operaciones Especiales y Servicio Secreto, comandados por dos coroneles y un teniente coronel (Carbuccia Reyes, Rolando Martínez Fernández y Francisco A. Báez Mariñez, respectivamente).

Eran las 4:20 p.m. cuando empieza el ametrallamiento a la familia universitaria; Sagrario es mortalmente herida, luego de 10 días de agonía expira el 14 de abril; a la media hora de su entierro el 15 de abril, la UASD es entregada a sus legítimas autoridades luego de 11 días saqueada, bienes destruidos, violadas cajas fuertes, etc.

Se formaron dos comisiones como se estilaba de la Policía, constituirse en juez y parte: una comisión conformada por los coroneles Robinson Brea Garó, Ramón A. Soto Echavarría y José E. Ricourt Regús, para investigar el ametrallamiento a la UASD y el asesinato de Sagrario, y una segunda comisión integrada por Robinson Brea Garó y Ramón A. Soto Echavarría de la P. N., y, Jacobo Fernández Mota y Julio Soto Echavarría, del Ejército, para investigar el saqueo y destrucciones durante la ocupación policíaco-militar de la UASD.

Sobre el saqueo y las destrucciones se informó de la detención de oficiales y alistados, pero no se presentaron ni ofrecieron los nombres de los culpables de los desmanes, ni se elaboró expediente alguno, quedando los “distinguidos ocupantes” disfrutando de todo lo asaltado en la UASD.

La primera comisión era de mayor relevancia por la encomienda de investigar los hechos y establecer responsabilidades respecto a los sucesos del 4 de abril de 1972.

El resultado de esta investigación arrojó como responsable (imputado) principal del ametrallamiento el teniente coronel Báez Mariñez, además de ocho alistados de la Policía, entre los cuales el raso Marino Odalís Morel es imputado como responsable del disparo dirigido que cegó la vida de la estudiante Sagrario Ercira Díaz Santiago.

Todos fueron dados de baja y sometidos a la justicia ordinaria el 5 de mayo de 1972; días después el Fiscal del D. N., militar y abogado Fernando Aníbal Pérez Aponte, ordenó la puesta en libertad del grupo sin esperar una decisión del juez de instrucción. El fiscal pertenecía al mismo sector militar del oficial imputado principal de los hechos y contrario al Jefe de la P. N., lo que explica la intencionada exclusión en el acomodado expediente de los dos coroneles también responsables materiales de los hechos.

Luego de ser interrogado durante tres horas por la primera comisión, el día 6 de septiembre de 1972 fuimos citado e interrogado por el juez de instrucción de la Tercera Circunscripción del D. N., donde también asistimos por simple formalismo porque no abrigábamos esperanza de justicia. El expediente fue desaparecido; 10 años después traté de evitar la prescripción, pero el manto de la impunidad cubrió el asesinato de Sagrario.

La prescripción es extinguirse un derecho, final de toda posibilidad de que se imparta justicia. Sucede que toda infracción (contravención, delito o crimen) tiene un límite de tiempo o plazo para ser investigada por la autoridad judicial competente, de lo contrario queda sin la sanción merecida, impune. Para la contravención el plazo es de un año; de un delito correccional tres años y, en caso de un crimen o asesinato diez años.

Según el artículo 454 del anterior Código de Procedimiento Criminal, y el artículo 45 del Nuevo Código Procesal Penal de la R. D. (Ley 76-02), vigente desde septiembre del 2004, está establecido que, sí desde el día en que se cometió un crimen y el haber transcurrido diez años no hay acto de instrucción y/o de persecución judicial contra él o los imputados (acusados), la acción pública y la civil prescriben, dejan de existir.

Al suceder lo anterior, los criminales materiales e intelectuales gozan de impunidad, porque además no hay en este país un Ministerio Público capaz de investigar ni juez de condenar a los susodichos culpables, ni mucho menos al cerebro diabólico del ametrallamiento de la UASD y el asesinato de Sagrario.

Algún día estará establecido que para el crimen no habrá prescripción, ni los criminales podrán caminar libre e impunemente por las calles del país y, entonces habremos oído al Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte: “El crimen no debe quedar jamás impune”.