Aun como resultado de un favorable entendimiento entre empresarios, sindicalistas y el Gobierno para elevar la tasa salarial mínima y caerle atrás a las subidas del costo de la vida, volátiles en extremo, el impacto social subsiguiente que más salvaría de insuficiencias en el poder de compra a los trabajadores y empleados privados sería la elevación lógica, razonable y justa de las remuneraciones superiores a las básicas de ley.

Que sean, sin reticencia, punto de partida para mover de estancamientos y desregulación los salarios que cubren desempeños laborales dignos de mayor paga por corresponder a responsabilidades mayores. Merecedores, lo diga o no la ley, de un tratamiento salarial equitativo en un país en el que también ha estado bajo el ingreso promedio que mejor mide la calidad de los contratos laborales.

Una deuda persiste en las relaciones obrero-patronales subsanable con reformas institucionales que garanticen la satisfacción de necesidades a quienes pasan a retiro. Las pensiones para trabajadores de la media nacional no pronostican matemáticamente, niveles justos para jubilados privados bajo el actual esquema de la Seguridad Social.

Cesar productivamente solo es posible a minorías que apelen a tratos privilegiados que selectivamente se prodigan desde los mandos superiores de la burocracia estatal y de entes autónomos y descentralizados del poder, ese que genera una casta de súper pensionados.

Normas propias para Educación

Debe bastar, para que el país esté bien servido en materia de Educación, que exista un Consejo Nacional representativo de los componentes públicos y privados del sistema de enseñanza, al que se subordinan órganos especializados para cada área del saber, bajo el liderazgo del ministerio que corresponde, sin que les falten potestades para regular la enseñanza integralmente.

Desde ellos, armonizados por el Poder Ejecutivo, se trazan suficientemente políticas y programas. El Poder Legislativo no debería desplazar a los organismos correspondientes, duplicando funciones, con pretensión de imponer reglas a entidades particulares diciéndoles cuándo cobrar o no cobrar por sus servicios, normativa que solo debe provenir de quienes supervisan en su diversidad de características, alcances y costos, a los centros escolares.