El 27 de febrero, el presidente de la República se dirigió al país, llamando la atención sobre el dramático panorama de los salarios, diciendo lo siguiente:

“…permítanme señalar que si queremos seguir avanzando como país, los empleadores privados también deben hacer su parte en este ámbito.

Insisto no podemos, realmente, poner en marcha un círculo virtuoso de consumo y empleo en un país donde millones de personas viven con salarios por debajo de los diez mil pesos mensuales.

Por eso, estamos decididos a llevar la dignificación salarial a todos los sectores. Y para lograrlo ya estamos llevando a cabo negociaciones con los sectores productivos, para cerrar definitivamente ese ciclo de bajos salarios, baja productividad y bajo consumo, que finalmente también repercute de manera negativa en los propios empleadores”.

En realidad, la escena es más terrible: no sólo un gran número de trabajadores gana muy mal sino que, según datos de 2013 y 2014, un 58% (la mayoría) gana en su principal ingreso salarios POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA OFICIAL. Lo que está detrás de esto no es falta de riquezas, sino su brutal concentración: según CEPAL en 2015, en República Dominicana el 10% más rico se queda con casi 42 veces la riqueza que obtiene el 10% menos rico, y esto es después de pagar impuestos.

Entonces, si la voluntad del presidente es la «dignificación salarial» ¿en qué se sustenta la posición del gobierno y de COPARDOM, forzando a que finalmente el aumento de 20% en el salario mínimo no sectorizado se fragmente en dos, como acaba de resolver el ministro de Trabajo? ¿Es acaso una solución al drama que viven los trabajadores y trabajadoras del país, y que el presidente, la cabeza del gobierno, denunciaba en su discurso?

Podemos decir, con argumentos, que no lo es. Las cosas no mejoran.

El ingreso real promedio de los trabajadores –es decir lo que pueden comprar con el dinero- ha caído un 20.2% desde 1999 a 2016. Esto es que los trabajadores ganan hoy, en promedio, menos que lo que ganaban a fines del siglo XX. Los efectos de este decrecimiento es aún más grave para quienes ganan alguno de los 16 salarios mínimos que existen legalmente en el país. Digamos esto: los ajustes salariales de los últimos 18 años no han tenido ningún efecto, incluyendo los de 2013 y 2015.

Las consecuencias de ello son dramáticas: salvo los trabajadores de construcción, de la intermediación financiera y de la minería (estas dos últimas actividades emplean muy pocas personas), todos los demás ganan MUY POR DEBAJO del valor promedio de la canasta familiar. Es decir sobreviven, en lugar de vivir.

Por eso decíamos que el aumento justo debía ser de más de un 20%, y aún más, de un 53%, para compensar a los trabajadores con apenas un tercio del aumento de productividad en la economía en los últimos 20 años y acercarse a la canasta familiar. Pero reconocemos que ese es un ideal.

Con base en datos, afirmamos que el aumento del 20% que se había dispuesto en el Comité Nacional de Salarios permitía que el salario mínimo apenas LLEGARA A ROZAR el valor que tenía en 1999 y, siendo estrictos, el más alto, entorno a los 15 mil pesos, llegara tan solo a la mitad del costo de la canasta familiar promedio (28 mil pesos).

Con la decisión tomada, el Ministerio de Trabajo, el gobierno y COPARDOM dan la espalda a que el efecto del aumento de 20% fragmentado en dos partes (mayo y noviembre), es insuficiente y se habrá diluído en parte con la inflación de 2017. Y no se hable más hasta 2019. Es decir, no se compensa a los trabajadores por su mayor productividad: ni siquiera se les compensa plenamente con la pérdida del poder adquisitivo de su salario.

Tampoco es cierto que los trabajadores en conjunto superarán la barrera (pírrica) de los 10 mil pesos: los empleados de empresas con activos por debajo de los 2 millones de pesos seguirán estancados por debajo. Pensemos en la situación dramática que siguen viviendo trabajadores de zonas francas y turismo, sectores megaproductores de divisas y donde el salario mínimo más alto no supera los 9 mil pesos y fracción, a los cuales sólo Dios sabe qué les pasará, pues los aumentos para ellos, cuando llegan, no son ni simbólicos.

En realidad, lo que el presidente anunció como una «negociación» para romper el ciclo de bajos salarios y bajo consumo, ha redundado en un aumento magro, que no rompe el estancamiento del poder adquisitivo de trabajadores, la descomunal desigualdad, y las premisas de COPARDOM y CONEP han vuelto a primar. No se ha discutido el fondo del problema. Los derechos laborales sencillamente son un 0 en la agenda. No se ha salido de ver a los trabajadores como «costo laboral». No han variado para nada las coordenadas del debate, es más COPARDOM logró imponer también la reclasificación empresarial, sin permitir ningún punto de orden ajeno a sus intereses. Ha vuelto a ser un concierto con distinta partitura pero similar melodía. Todo sigue igual.

¿Qué hacer entonces la esperada «dignificación salarial», cuando habrá un diálogo abierto, democrático y con sentido de país? ¿Qué hacer ahora con la calidad de vida de millones de dominicanos que trabajando producen tanta riqueza tan mal repartida? ¿Qué hacer con el artículo 62 de la Constitución, que ordena: “Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”?