La demanda laboral de elevación de las tarifas salariales reales se justifica por la escasa capacidad de compra de las cotizaciones mínimas establecidas por ley y promedios nacionales, el desplome de las remuneraciones reales por la jornada de trabajo, la baja y tendencial caída de la masa de salarios en el Producto Bruto Interno (PBI) y la exclusiva captura empresarial de los aumentos de la productividad laboral, según afirma el economista Luis Vargas.

De acuerdo a cálculos de Vargas, en marzo pasado, la tarifa más alta de salario mínimo legal nominal por mes era de RD$11,292, correspondiente a las grandes empresas o negocios con inversiones superiores a cuatro millones de pesos, el cual apenas cubría el 43,43% del costo de RD$25,997 de la canasta familiar nacional de consumo básico de bienes y servicios, el 30,90% del valor de RD$36,546 de la cesta de consumo en el Gran Santo Domingo, el 44,96% del precio de RD$25,114 de la cesta consuntiva en el resto urbano, y el 66,67% del coste de RD$16,681 del canasto de consumo en la zona rural del país, según el el Indice de Precios al Consumo (IPC) basado en enero de 1999 igual a 100,00.

Expresa que por igual, el salario promedio nacional de RD$14,975, registrado en 2014, sólo permitió acceder al 57,69% de la canasta nacional de consumo básico de bienes y servicios, 41,02% de la canasta en el Gran Santo Domingo, 44,96% de la cesta consuntiva en el resto urbano y 66,67% del canasto de consumo en la zona rural.

Vargas destaca que entre junio de 1999 y marzo de 2015, el poder de compra de bienes y servicios básicos de consumo de las tarifas salariales mínimas legales mensuales reales se ha derrumbado entre 6,0% y 28,0%, no obstante las subidas nominales entre 290% y 191%. Por ejemplo, el salario mínimo legal real mensual en las grandes empresas ha declinado 6,37% a RD$2,711 desde RD$2,895, en las medianas empresas 6,21% a RD$1,864 desde RD$1,987, en las empresas de zonas francas 28,28% a RD$1,771 de RD$2,222, y en las empresas agrarias 25,56% a RD$852 de RD$1,144, de conformidad con el IPC, base 1999 = 100,00, sostiene Vargas.

Expone que las pocas capacidades de compra de las tarifas de salario mínimo legal por mes se verifican también por las bajísimas ponderaciones de tales pagas en los gastos por quintil (20,0% de la población).

Dijo que 1999 a marzo de 2015, la tarifa salarial legal de la gran empresa ha descendido en calidad de poder de adquisición de las cinco canastas de consumo vital, relacionadas con los gastos por quintil. De una familia promedio de cuatro miembros: de 128,20% a 117,95%, aunque por encima de 100,00%, en los del primer quintil, de 77,09% a 72,33% en los del segundo quintil, de 58,66% a 55,32% en los del tercer quintil, de 43,25% a 40,41% en los del cuarto quintil y de 21,81% a 20,57% en el quinto quintil.