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En momentos en que en el seno del Comité Técnico de Apoyo para la implementación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa se discutía una serie de pormenores relacionados con el mismo, afloró un hecho que a muchos de los participantes en dicho cónclave nos sorprendió: Quinientos pesos mensuales era todo lo que recibían, y todavía reciben, 16 mil profesores de escuelas públicas, después de habérseles descontado de sus respectivos salarios un determinado monto por concepto de deudas contraídas con la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros y con otras entidades financieras.
Un maestro (plural genérico) que tenga la obligación de hacerle frente a compromisos económicos que sobrepasen sus ingresos, por lo regular, no rinde la labor que de él se espera. Y hasta podría decirse que el mismo no está apto para el servicio. Cierto es que cada quien tiene derecho a disponer de su salario de la manera en cómo lo crea conveniente; claro está, siempre y cuando no implique a terceros en asuntos relacionados con sus privacidades financieras. La capacidad de un maestro o de cualquier otro servidor público a endeudarse tiene sus límites; de ahí, la imperiosa necesidad de regularla. El Ministerio de Educación debería de organizar seminarios dirigidos al personal docente y administrativo sobre tema de financiamiento y del uso correcto de los recursos económicos frutos de sus labores como docente. Tenemos a bien recordarles a nuestros amables lectores que gran parte del atractivo de las cuestiones salariales en educación viene dada por las peculiaridades de la misma cuando es concebida como una industria que absorbe recursos físicos como cualquier otra.
Porque se trata de una devolución del dinero que acumuló a lo largo de los años que laboró en el Sistema Dominicano de Instrucción Pública es que no debe catalogarse como dádiva ni como privilegio la pensión que un maestro pudiera recibir del Gobierno siempre y cuando la misma sea dispensada en armonía con las leyes y los reglamentos que rigen en la materia.
De un tiempo para acá, los medios de comunicación han venido haciéndose eco de denuncias de irregularidades cometidas con pensiones otorgadas a altos funcionarios de éste y de gobiernos pasados. También, de pensiones otorgadas a ciudadanos que nunca laboraron en la administración pública por lo que no aportaron un solo centavo a los fondos estatales de pensiones.
El caso específico de pensiones otorgadas a maestros que laboraron en escuelas públicas da ganas de llorar. Sabemos de docentes de más de 70 años de edad y con más de 20 años de servicio, enfermo por demás, que se ven obligados seguir laborando por no tener a nadie que le diligencie una pensión a la cual tienen sobrados derecho. Con lo recibido por concepto de pensión, un maestro no se cura si está enfermo ni llena su estómago si tiene hambre. Por ejemplo, el ingeniero Tomás Peña (nombre ficticio) desde muy joven laboró como calculista en el Ministerio de Obras Públicas y como profesor de geometría analítica del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy a sus 77 años de edad, el ingeniero Peña disfruta de dos pensiones, una de Obras Públicas y otra de la UASD que le reportan un total de 45 mil pesos que no les alcanzan para satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Cualquier “lengua larga” o “metiche” diría que el ingeniero Peña es un privilegiado por el hecho de recibir dos pensiones en vez de una sin tomar en cuenta el hecho cierto de que las recibe porque mientras estuvo activo aportaba a los fondos de pensiones de ambas instituciones estatales. Como vemos se trata de un caso de muy distinto de aquellos que son motivos de escándalos.