POR LUIS H. VARGAS
El mejoramiento del nivel y calidad de vida de las clases trabajadoras dominicanas implica necesariamente una redistribución justa de la renta nacional y, en particular, una subida de las cotizaciones salariales hasta los  niveles de costo de las canastas familiares de consumo básico de bienes y servicios, correspondientes a las diversas zonas geográficas del país.

Esta consideración deriva de la observación de los siguientes procesos económico-sociales y ejecutorias empresariales y gubernamentales que mantienen sumida a la mayor parte de las capas asalariadas en una situación opresiva de miseria social y clientelización política, en específico durante el período de 1999 a 2006 de las tres últimas gestiones gubernamentales: bajos pagos salariales de empresas privadas y dependencias estatales a trabajadores de los campos y las urbes, índices más altos del producto bruto interno -PBI- en comparación con los alcanzados por los salarios mínimos legales, y manipulación de la base del índice de precios al consumo -IPC- y tasas de inflación anuales, a través de la difusión de mentiras, a los fines de engañar a los trabajadores, empresarios y acreedores sobre las reales tasas de salarios, cambio e interés.

Por caso, en diciembre pasado de 2006, las tarifas salariales mínimas mensuales establecidas por ley apenas representaron la menor parte de las diferentes canastillas de consumación, calculadas a partir de un tipo de familia promedio compuesto por cuatro miembros. En concreto, la tarifa de 6 mil 400 pesos de las grandes  empresas comprendió el 26,38% del coste de 24 mil 263 pesos del canasto del Distrito Nacional; la tarifa de 4 mil 910 pesos de las empresas turísticas, el 28,93% del valor de 17 mil 181 pesos del cesto nacional; la tarifa de 4 mil 450 pesos de las zonas francas, el 26,60% del precio de 16 mil 729 pesos del canastillo del resto urbano; la tarifa de 2 mil 709 pesos de las empresas agrarias, el 22,82% del monto de 10 mil 863 pesos del macuto rural; y, finalmente, la tarifa de 3 mil 400 pesos de la administración gubernamental, el 73,37% del montante de 4 mil 634 pesos de la bandeja alimenticia.

A pesar de que estos indicadores expresan degradantes condiciones de vida familiar de las masas, la mayoría de las cúpulas empresariales, con apoyo de las autoridades gubernamentales, no ha vacilado un instante en cerrar los ojos frente a la miseria popular, taparse los oídos ante los reclamos laborales y abrir sólo la boca para informar el raquítico aumento de sueldos mínimos de 9,30%, cuyas nuevas cotizaciones resultantes, exceptuando la de las  grandes empresas, ni siquiera cubren el importe de compra de 6 mil 719 pesos de la canasta consuntiva del quintil o 20% de la población más pobre.

Esta propuesta empresarial de suba salarial de 9,30%, si se aprueba, supondría entonces la continuidad del proceso de pauperización de las clases asalariadas, toda vez que las nuevas tarifas mínimas legales con relación al coste de la cesta del quintil más pobre arrojan estos penosos resultados: grandes empresas: RD$ 6,995.20 o 104,11%, medianas empresas: RD$4,809.20 o 71,58%, pequeñas empresas: RD$4,262.70 o 63,44%, zonas francas RD$4,863.85 o 72,39%, empresas turísticas: RD$5,366.63 o 79,87%, empresas agrarias: RD$2,708.71 o 40,31%, y administración de gobierno: RD$3,716.20 o 35,21%.

A su vez, la demanda sindical de inclinación de 25,00% de los ingresos salariales no hace más que perpetuar la pobreza entre la inmensa mayoría de las familias de las clases proletarias, en razón de que en ningún caso la resuba de las cotizaciones de la fuerza de trabajo permite la adquisición de la canastilla nacional de consumación de mercancías necesarias: grandes empresas: RD$8,000.00 o 46,56%, medianas empresas: RD$5,500 o 32,01%, pequeñas empresas: RD$4,875.00 o 28,37%, zonas francas: RD$5,562.50 o 32,28%, empresas turísticas: RD$6,137.50 o 35,72%, empresas agrarias: RD$3,097.79 o 18,03%, y gobierno central: RD$4,250.00 o 24,74%.

En verdad, la reivindicación de alza salarial de la burocracia sindical tendría que estar acorde con el incremento del índice del PBI de 1999=100 a 2006=427.87 y no del índice de precios al consumo -IPC-, en razón de que la remuneración de la fuerza de trabajo depende de la productividad del trabajo. Según este criterio de referencia, la medición de las cotas salariales mínimas legales de los distintos tipos de negocios arrojaría montos superiores a los exigidos por los propios sindicalistas. En tal sentido, por ejemplo, en diciembre de 2006, las grandes empresas debieron de haber pagado salarios mínimos de al menos 8 mil 600 pesos por trabajador o, lo que es igual, 600 más que el aumento de 8 mil pesos reclamado en el día de hoy por las centrales sindicales.

Históricamente se puede constatar en República Dominicana que la curva de la tasa salarial monetaria se encuentra por debajo de la curva de la tasa de inflación y ésta a su vez de la curva de la tasa de producción nominal, pese a que las autoridades del gobierno central y el Banco Central, con el concurso cómplice  de instituciones internacionales, nunca les ha temblado el pulso en recurrir a la manipulación de tales informaciones estadísticas, con la finalidad de divulgar falsas tasas de remuneraciones reales, cuotas de ganancias corporativas y rentas financieras que escondan fases recesivas del ciclo, déficit de las cuentas internas y externas y fracaso de las políticas gubernamentales comandadas por el Fondo Monetario Internacional -FMI-.

La adulteración del IPC consiste básicamente en podar el costo de las canastas consuntivas por medio de empalmes, así como amputar saltos de precios y cuotas de participación de grupos o subgrupos o clases de bienes y servicios líderes de la inflación en la cesta de consumo nacional.

Veamos algunas muestras que prueban el falseamiento de datos, bajo responsabilidad de la gobernación del Banco Central. En noviembre de 1996, el coste del canastillo de consumación del Distrito Nacional, en base al IPC 1977=100, declaró 9 mil 483 pesos, sin embargo tres años más tarde, o sea en noviembre de 1999,  había descendido increíblemente 422, es decir a 9 mil 61 pesos, en base al IPC 1999=100, a sabiendas las autoridades monetarias de que la tasa de inflación en dichos 36 meses rotulaba casi 24,00% y, por tanto, el costo de la consumación hogareña tenía que ser mayor, es decir de poco más o menos 11 mil 745 pesos o, lo que es igual, 2 mil 684 más que la cifra fabricada por dicha institución monetaria.

Adicionalmente hay que realzar que el coste medio de la canasta de consumación básica de mercancías de una familia residente en Santo Domingo, ciudad que alberga la mayor parte del asalariado nacional, cuantificó 24 mil 584 pesos en febrero de 2007, lo cual significa que todo hogar que no obtuvo tal monto de ingresos disponibles, equivalente al umbral monetario de pobreza, asumió la condición o ratificó la membresía de pobre..

Por igual, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares -ENGIH-, realizada entre octubre de 1997 y  septiembre de 1998, la gobernación del instituto emisor no tuvo reparo alguno en recortar el umbral monetario de indigencia o costo de los bienes y servicios de consumo imprescindible. Así, la mocha de la ponderación del grupo alimentos, bebidas y tabaco de 42,16%, consignada en la ENGIH de 1984, a 33,20%, establecida en la nueva ENGIH de base 1999=100, del grupo vivienda de 19,20% a 9,27%, y del grupo salud de 4,89 a 4,08%, no es más que un fallido intento de ocultar los insoportables sufrimientos de las familias dominicanas por los crecientes precios de los alimentos, costos de los medicamentos y pagos de alquileres, transporte y tarifas de electricidad, agua y gas, mediante el suministro de sedantes informativos de mentira bancario-centrales sobre los efectivos gastos hogareños.

En otros términos, el Banco Central considera que el gasto familiar promedio por concepto de consumo alimenticio, alquiler de la vivienda, acceso a medicamentos, uso de vestuario y calzados, y servicios públicos de transporte, electricidad, agua y gas, ascendió en febrero de 2007 a la pobrísima cifra de 9 mil  330 pesos en todo el territorio nacional, a partir de un cálculo estimado de ingreso hogareño equivalente a 17 mil 395 mensuales o a la paupérrima cantidad de 13 186 pesos en  base a la renta apuntada de 24 mil 584 por mes en el Distrito Nacional..

La falsificación del IPC por la actual gobernación del Banco Central, sin parangón en la historia monetaria y recopilación de datos en República Dominicana, se puede comprobar además por la bajada artificial del supuesto umbral monetario de nutrición o valor de la canasta doméstica de consumo de alimentos desde 4 mil 634 pesos, en agosto de 2004, hasta 4 mil 632, en diciembre de 2006; no obstante, constatarse en el país, una escalada de los precios de la comida familiar empujada, en gran medida, por la aprobación congresual y posterior ejecución gubernamental de (contra)reformas tributarias.

A fin de cuentas, la verdad monda y lironda es que en el país los pobres se empobrecen y los ricos se enriquecen, a causa de la explotación laboral, la opresión estatal y la concentración pronunciada de las rentas y riquezas nacionales en una oligarquía. Desde la primera gestión gubernamental de Fernández hasta la segunda, una minoría de familias ha acaparado la mayor parte del  ingreso nacional, tal y como se puede comprobar por medio del Coeficiente de Gini, el cual subió de 0,5540 en 1998-1999 a 0,5690 en 2003-2005, cuyo rango entre 0,0000  y 1,0000 alude respectivamente a la distribución igualitaria de la renta entre todos y la apropiación exclusiva por uno de toda esa riqueza. Estamos hablando de nada más y nada menos que un 20,0% de la población apila en sus manos más del 55,0% de los ingresos criollos, mientras el 80,0% poblacional restante sobrevive a duras penas con menos del 45,0% de tal poder adquisitivo..

La ideologización del mantenimiento de esta injusta repartición del patrimonio, renta y riqueza nacionales le compete al coro de voces conservadora, haitianista y neo-derechista, bajo la batuta del neoliberalismo. La primera cantaleta corresponde al reiterado disparate de que la subida del salario provoca inflación y, por consiguiente, afecta negativamente la tasa salarial real y la tasa ocupacional laboral.

Con tales chillidos, la voz conservadora pretende silenciar por lo menos dos argumentos desprendidos de su propio territorio teórico. Por un lado, el salario es un componente del valor agregado, cuyo incremento proporcional implica un decremento del beneficio, a menos que el capital lo traspase al precio, muchas veces en mayor medida como fórmula de elevación de la tasa de rentabilidad. Y, por otro, como los precios son proporcionales a la cantidad de dinero en circulación, la suba de salarios no supone necesariamente una subida de la inflación, a menos que aquella acompañe la resubida de la emisión monetaria; en una coyuntura de desempleo.

La segunda vocinglería, integrada por voces anti-haitianas y pro-haitianas da cuenta de los reiterados chirridos públicos de acusar la inmigración de fuerza de trabajo haitiana como proceso causal de las bajas tarifas salariales existentes en el país. El error de esta apreciación infundada radica en la sustitución de la causa por el efecto; a saber: la causa de los deprimentes salarios no se ubica en el desequilibrio del mercado laboral generado por la  masiva oferta de mano de obra abonada por haitianos, sino en los achatados costes laborales de la valorización y acumulación de capitales, los cuales se aseguran con contratación de cuantiosos trabajadores inmigrantes haitianos. En consecuencia, hay inmigración de haitianos por la miserable paga de salarios y no revés: hay misérrima paga salarial por la inmigración haitiana.

La tercera gritería se refiere al rosario de lamentaciones sobre la pobreza rezado por algunos autoproclamados representantes de la mal llamada «sociedad civil», entre los que se cuentan algunos dirigentes vitalicios de Organizaciones No Gubernamentales -ONGs-, curas jesuitas y técnicos al servicio simultáneo, con conflicto de intereses, de instituciones internacionales, dependencias estatales y organizaciones sin fines de lucro. Estas voces evacuan del debate nacional la cuestión laboral, salarial y sindical por su carácter conflictivo a nivel empresarial privado, gubernamental central e institucional internacional, en procura de centrar la atención pública en la petición de que las autoridades estatales compensen la ejecutoria de las genocidas políticas fondomonetaristas de «estabilidad macroeconómica» con reajustes de las cargas tributarias y mayor reparto de las migajas presupuestarias.

En julio de 2005, estos neo-derechistas lanzaron sus gritillos contrarios a los intereses de las clases o capas asalariadas, campesinas y cuentapropistas, bajo la bandera de una incoherente propuesta nominada reforma tributaria para el desarrollo y la equidad de República Dominicana. Entre los lloriqueos por los pobres, dejaron caer esta lagrimitas reformistas del status quo: cortar el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta -ISR- a los asalariados, recortar los subsidios al consumo de gas licuado de petróleo -GLP- y servicio de energía eléctrica a los hogares, encaramar los impuestos directos a los profesionales independientes y descontar del presupuesto nacional la friolera de 0.40% del PBI para cubrir el déficit cuasi-fiscal del Banco Central; en resumidas cuentas, presentación de una disparatada (contra)reforma de más impuestos y menos gastos para las clases proletarias, en especial las capas muy empobrecidas.

Pero como Dios los cría y el diablo los junta, los voceros conservadores, haitianistas y neoderechistas coinciden en acusar a los gastos gubernamentales, especialmente a los supuestos excesivos sueldos de empleados, de constituir el motivo de los desajustes de las variables macroeconómicas. De este modo, logran focalizar la atención de la opinión pública en la empleomanía estatal y no en las genocidas partidas de gastos de sobrepagas de deuda estatal y subpagas de servicios personales y colectivos, ordenadas por el Fondo Monetario Internacional -FMI- al gobierno de Fernández, en violación de la Constitución y leyes dominicanas..

Estos tres tipos de voceros hablan alto contra el ascenso de salarios, pero callan frente a los sucesivos sueldos mensuales de casi un millón de pesos pagados por el Estado al gobernador del Banco Central, al superintendente de Bancos, al administrador del Banco de Reservas y al embajador dominicano en Washington, no obstante el primero arrastrar al default o cesación de pago de obligaciones financieras al gobierno central, el segundo incumplir el mandato de supervisión con anuncios tardíos de escándalos financieros de bancos múltiples y asociaciones de ahorro, el tercero hacer parasitar el Banco de Reservas de las finanzas públicas y el cuarto anunciar su respaldo público a la estrategia de guerra preventiva, seguridad nacional y política exterior de Busch y Rice (cf. EC, 13 febrero 2006), en contravención de su mandato, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución dominicana y la tradición diplomática internacional.

En el caso del Banco Central hay que sobresaltar que la semana pasada su gobernación tuvo que colgar el letrero de default en las puertas de entrada, ante la incapacidad de repago de títulos a vencimiento valuados en 7 mil 413 millones de pesos. En la subasta competitiva de certificados de inversión cero cupón por la suma de 2 mil millones de pesos realizada el 7 de marzo, las ofertas recibidas rondaron 7 mil 831 millones, mientras que las ofertas adjudicadas apenas sobrepasaron 363,3 millones. Está claro que la operación frecuente de renovación automática de los certificados no hace más que agravar la crisis de suspensión efectiva de liquidación de pasivos del Banco Central y el gobierno central  por los constantes impagos de intereses y capitales.

Aunque la administración gubernamental combina los mecanismos de control social de uso de la mentira y recurso de la represión, en el fondo revela la crisis conjunta que sufre el país de recesión económica, deslegitimidad estatal y destrucción ambiental. En tanto la propalación de la mentira reafirma que el gobierno central trata como cliente, no como ciudadano, a cada dominicano adulto, la propagación de la violencia reconfirma que en los últimos años prevalece la invocación del terror como método de imposición del orden, diferente a tiempos de antaño en que se invocaba el orden para reimplantar el terror. Así, la estatalización de ambos mecanismos, la desinformación pública y la inseguridad personal, refleja el caos que arropa crecientemente la República Dominicana.

En definitiva, hay que concluir que la conquista de las reivindicaciones laborales y salariales implica una reforma económica, social y estatal que reemplace las políticas y acciones gubernamentales de desnacionalización, desalarización, descampesinización, pauperización, contaminación, racialización y corrupción de instituciones y personas. En tal sentido, el ejercicio de derecho a la verdad, en base a auditorías, comisiones y revocaciones de cargos, puede contribuir a acabar con la mentira oficial, así como la defensa de derechos ante los programas públicos genocidas y las campañas estatales racistas no tiene otro destino que la judicialización de casos en los tribunales dominicanos, las cortes americanas y las instancias jurídicas internacionales, tales como la Corte Penal Internacional CPI-alternativaeconomica@gmail.com