POR LLENNIS JIMÉNEZ
El Ayuntamiento del Distrito Nacional derobó ayer la resolución que le impedía al síndico Roberto Salcedo recibir RD$67 millones que entregaría al municipio la Liga Municipal Dominicana (LMD) por la parte de los impuestos nacionales que cobra el gobierno central.

En una breve sesión extraordinaria, para conocer el tema con carácter de «urgencia», los 28 regidores presentes aprobaron a unanimidad la decisión de Salcedo de recibir los fondos con los RD$12 millones menos que alegan les quitó la LMD.

Pese a que las autoridades hablan de que la LMD les retuvo RD$12 millones en enero, la capital tiene un déficit con relación a su presupuesto de este año de RD$21 millones. El Ayuntamiento esperaba recibir por impuestos del gobierno central RD$88 millones.

La sindicatura informó que hará uso del dinero, pero que permanece en negociación con la LMD.

Sin embargo, la sala capitular decidió continuar la lucha para que el secretario general de la LMD, Amable Aristy Castro, aumente los ingresos que destina al cabildo de la capital de las recaudaciones del gobierno central, con la aplicación de la Ley 166-03. Gabriel Castro, presidente de la Sala Capitular, pospuso la discusión del tema para el próximo miércoles, en una sesión ordinaria pautada para las 10:00 de la mañana.

Se espera a partir de este martes, el Ayuntamiento podrá recibir los recursos que estuvieron paralizados durante más de una semana, después de que la Sala Capitular prohibiera a Salcedo utilizar el presupuesto correspondiente al mes de enero, por considerar que tenía un déficit de RD$12 millones.

En la sesión celebrada en la mañana de ayer, la presidencia del Ayuntamiento apoderó del caso a las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Sala Capitular, para que estudien las tres propuestas surgidas en la Asamblea, las que persiguen que la Contraloría General de la República certifique, según sus proyecciones, los fondos que le corresponden al Distrito Nacional.

Gabriel Castro, presidente del Ayuntamiento, cuestionó los resultados del Censo del 2002, que indican que en el Distrito Nacional hay 913,000 habitantes y no más de un millón como creen ellos. En ese sentido, dijo que quieren lograr que se acepte el párrafo dos del artículo tres de la Ley 17-97, que establece que además del último censo, el presupuesto de los ayuntamientos se elabora de acuerdo a las proyecciones de habitantes que hace la Oficina Nacional de Estadística.

Acusó a las pasadas autoridades de hacer un «traje a la medida» para afectar al Ayuntamiento de la capital, por un asunto politiquero.

Denunció que administrativamente, en el Censo del 2002, al Distrito Nacional se le quitó la comunidad de Pantoja, con más de 27,000 habitantes, que figura en esta demarcación y a la que dan servicios. «Lo que hay que hacer es que realmente al Distrito Nacional se le de la categoría que tiene».

Mientras que la situación de los pensionados y jubilados del Ayuntamiento se tornó penosa este lunes, cuando decenas de envejecientes continuaban aguardando por el pago de sus salarios, colgados de las verjas y de las puertas de la corporación edilicia. Formados en un bloque que iba y venía de una puerta a otra, los trabajadores en retiro, hombres y mujeres que dieron su juventud al Ayuntamiento, reclamaban la presencia del síndico en la salida principal, para exponerles su penuria ante la falta de recursos para comprar sus medicamentos.

En una comunicación dirigida al presidente del Ayuntamiento, con fecha del día cuatro de este mes, Salcedo explica recibirá los recursos «en virtud de que actualmente nos encontramos en un proceso de negociación con dicha institución», refiriéndose a la LMD.

Agrega, la misiva, «además de que dichos fondos corresponden al mes de diciembre, en el cual todavía no había creado vigencia el 8.5% de la ley establecido en el Presupuesto Nacional para este año 2005».

La presidencia del Ayuntamiento envió a comisión la propuesta de que la administración reciba los fondos que le dio la LMD en enero haciendo la salvedad de no le otorga descargo legal, sino haciendo reserva de revisión por parte de los organismos competentes, como lo planteó el regidor perredeísta Pedro Pablo Francisco. También propuso que a la administración se le conceda autorización para realizar coordinaciones y transferencias de fondos, como forma de cumplir con sus obligaciones presupuestarias.