El problema fronterizo se resuelve con una firme voluntad política para aplicar siete medidas bajo la legislación actual. La primera medida es: disponer el cese del ‘macuteo’ en la frontera. Se afirma que el peaje es de U$100 para entrar o salir, y los que son repatriados, vuelven a entrar si pagan el peaje, lo cual demuestra la ilusión del muro físico, pues lo que se necesita es un muro legal. La segunda medida es: devolver su cédula al que la tenía, pues la Constitución reconoce que son dominicanos: “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución” (2010), lo mismo que dijo la CIDH, y reiteró la Ley 169-14.

La tercera medida es: inscribir en libro de extranjería a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos aquí, pero que no sacaron sus papeles. Son dominicanos según las constituciones desde 1929, pero la del 2010 les despojó de la ciudadanía. Por lo menos debe ser posible inscribirles en el Libro de Extranjería con la nacionalidad de sus progenitores.

La cuarta medida es: sobre los haitianos indocumentados, quizás un millón de personas. La deportación masiva exige llenar un formulario (Art.131), y si reclaman sus derechos (Art. 136), someterles ante los tribunales (Art.137). Es obvio que faltaría personal de migración, tribunales, y autobuses para el traslado, junto a la tragedia humana de movilizar un millón de personas; aparte de que perdemos mano de obra para fincas, constructoras y trabajo doméstico, y el mercado pierde un millón de consumidores. La Ley de Migración permite una salida legal: “en caso de apátridas, asilados, refugiados o de personas que por circunstancias justificadas carecieran de los documentos necesarios para ser admitidos en el país… el director general de Migración… podrá mediante resolución fundada, exceptuarlos de presentar algunos de los documentos requeridos” (Art.48). Esto permite otorgar una “Residencia Permanente” (Arts.44-48), e inscribirles en el “Registro de Extranjeros” (Art.70), para que puedan cotizar para la seguridad social.

La quinta medida es: cumplir el tope de 20% para empleados extranjeros del Código de Trabajo. La sexta medida es: sustituir el mercado informal en la frontera por un acuerdo comercial. Haití nos compra cada mes 25 millones de huevos, y sus compras anuales superan los mil millones de dolares. La informalidad estimula cobros ilegales, evasión de impuestos, y tráfico de drogas y armas. Formalizar el comercio ayudaría a Haití a mejorar sus ingresos, y RD aumentaría ingresos y tendría mejores estadísticas. La séptima medida es: expulsar extranjeros con infracciones penales.