Dos países y una sola República Dominicana. En eso nos ha convertido, electoralmente hablando,  la resolución  del pleno de la  JCE que eliminó el arrastre de los senadores en 26 provincias, pero lo mantuvo en el Distrito Nacional,  La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal,  Santiago, y Santo Domingo. Eso convierte a los habitantes de esas   provincias en ciudadanos de segunda, como apropiadamente los describió  el senador del PRM José Ignacio Paliza, pues no podrán ejercer su  constitucional derecho a elegir en iguales condiciones que los que viven en las otras 26. Pero   también discrimina  a quienes aspiran a ocupar esas 26 senadurías, que tendrán que tirarse a la calle, con un cuchillo en la boca, a buscar sus votos hasta debajo de las piedras, en tanto los aspirantes a ese mismo cargo en la Capital y las otras cinco provincias pueden sentarse a echarse  fresco, pues podrán resultar electos sin que la mayoría de los ciudadanos hayan votado por ellos. ¿Es eso justo, equitativo y constitucional? Todo indica que le tocará al Tribunal Constitucional (TC) y al Superior Electoral (TSE)  decidir sobre la legalidad  o la constitucionalidad de la resolución  de la JCE, que según los partidos de oposición  también viola la Ley Electoral. Es difícil creer, conociendo  el bagaje y la experiencia  de los miembros del organismo electoral,  que no estuvieran conscientes del alboroto y las suspicacias que provocarían  con su controvertida  decisión, a tal punto que    ha sugerido   Pelegrín Castillo, dirigente de la FNP, que lo hicieron a propósito, de manera “oblicua”, para quitarse esa papa caliente de encima y dejar  la impresión de  que quisieron complacer a todo el mundo, pero han conseguido  todo lo contrario. Y ese no es el papel que le corresponde a un árbitro donde tiene que haber, necesariamente, ganadores y perdedores, porque si unos y otros no tienen eso claro la llamada fiesta de la democracia puede terminar como el famoso pleito de los monos: a rabazo limpio.