En marzo hacíamos esta pregunta: «¿Por qué en República Dominicana quedarse en casa y tomar las máximas medidas de prevención son un imperativo, especialmente para la mayoría de nuestro pueblo que depende del sistema nacional de salud?». Y entonces respondíamos:

«Además de lo que vemos en el mundo y la pandemia de COVID-19, el sistema de salud dominicano fue abandonado, privatizado y convertido en mercancía. Eso agrava nuestra vulnerabilidad».

Viendo la cantidad de camas de cuidados intensivos, los equipamientos en general y las condiciones de acceso a los servicios y de trabajo en los mismos, explicábamos que sería casi imposible dar respuesta a un contagio importante.

Hemos construido un sistema que no sirve para desarrollar y cuidar una población sana, sino para reaccionar ante la enfermedad y lucrar alrededor de ella. La salud, que debería ser un derecho, fue convertida en un privilegio y una mercancía, para una industria donde intermedian los llamados “seguros” y «planes», gracias a la ley 87-01, y los «prestadores» supuestamente compiten.

El pueblo se ve expuesto a este modelo de salud vertical, individualista, curativo y privatizador. Un sistema que tiene un gasto total en salud superior al 6% del PIB, más de 200 mil millones de pesos anuales, pero sólo el 1.4% del PIB es gasto público, que además se hace con una lógica paliativa a la población empobrecida, sin planificación estratégica y enfocado a las edificaciones.

Seguros pobres para pobres, planes a medida del bolsillo, «diferencias» que superan el 40% de las facturas, mercado creciente, pésimos indicadores, habiendo dinero sudado por todos para tener un excelente sistema sanitario.

La mayor parte del pastel se entregó a las ARS y agentes privados, y a lo que aguante el bolsillo de la gente. Las ARS privadas han consumido más de 50 mil millones de pesos en ganancias y gastos ajenos a la salud, mientras faltan elementos esenciales para atender a las personas.

La promesa en la Ley 87-01 de que el aseguramiento en salud daría acceso igual a todos se derrumbó, al igual que la ilusión de que se financiarían suficientemente los hospitales. Ni hablar del mentado «primer nivel de atención», un alma en pena.

El circuito de la mercantilización es tan nocivo que sólo en 2018, del Régimen Contributivo se destinaron a prestadores privados $39,975.3 millones (93.4%) y apenas $2,829.2 millones (6.6%) a prestadores públicos. En el mismo año del Régimen Subsidiado se destinaron $4,396.5 millones (48.9%) a los prestadores privados y $4,588.7 millones (51.1%) a los públicos.

El aseguramiento (ARS incluidas), al igual que en Estados Unidos, Chile o Colombia, ha sido una maquinaria de ganancia parasitaria, segmentar coberturas y transferir dinero público a prestadores privados, inclusive cuando se financia con subsidios e impuestos generales, mientras el Estado se retira y entrega sus funciones esenciales.

Pero además consideremos que para 3,742,716 dominicanos en el «seguro familiar de salud ‘» subsidiado el cápita mensual es RD$220… ¡la quinta parte del cápita del contributivo básico! Ya pueden imaginarse para qué da.

Quien ha salido al rescate de esta visión es el Banco Mundial, que llama «cobertura universal en salud» a carnetizar a todo el mundo, aun de manera casi simbólica, con el argumento de que la gente enfrenta «barreras financieras». Con este discurso el BM ha incidido en la OMS y otras entidades de la ONU e influye en los gobiernos. Lo importante para ellos es salvar el modelo.

Eiminar despilfarros e ineficiencias y optimizar recursos es vital, al igual que terminar con la lógica del negocio y usar los dineros para financiar directamente servicios que garanticen derechos de forma digna, de calidad, igualitaria y universal (para todas y todos) rescatando el sistema público. Es decir el derecho a la salud, no a un carnet y toda la máquina de cuartos que hay detrás.

Si hay RD$5,289 millones nuevos o más, excelente: inyéctense a los servicios en lugar de más seguros, segregación, inequidad y deterioro de la red pública.

¿Que cómo las personas van a acceder a los servicios? Simple: por su mera condición de ciudadanos/nas, como derecho, no por el nombre ni color del carnet ni lo que dé la «cobertura».

La receta chilena-colombiana de la Ley 87-01 fracasó en todos lados. La del Banco Mundial es seguir inventando la rueda. Lo que lógicamente funciona en cualquier país con un sistema de salud respetable, pobre o rico, desarrollado o no, es que el dinero financie directamente los servicios, no carnet, no paquetes ni planes según estatus, con más oferta privatizada y lucro mientras el sistema de todos se deteriora y la gente padece.