Salud Pública apodera al Ministerio Público de un supuesto intento de fraude

Salud Pública apodera al Ministerio Público de un supuesto intento de fraude

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social apoderó este viernes al Ministerio Público de un expediente en torno a un posible intento de fraude por más de RD$6 millones en perjuicio de la institución, y en el que estarían involucrados particulares y empleados de varias dependencias del Estado. 

En rueda de prensa, encabezada por el viceministro Administrativo y Financiero de Salud Pública, doctor Roberto Peguero Albuez, la institución  informó que procesadas las nóminas de mayo pasado, de manera irregular  se aplicaron descuentos a una parte del personal de RD$200.00, cuyo monto global ascendió a RD$6,068,656.42. Participaron también el director Financiero, licenciado Rafael Jiménez; y el consultor jurídico, doctor José Joaquín Álvarez.

Precisa que los referidos descuentos fueron cargados al código 530-31 que corresponde a la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED), entidad a la que la Tesorería Nacional libró los cheques 01712171, por un monto ascendente a RD$90,400.00; 01712163, de RD$1,301,957.21; y 01712173, cuyo valor era de RD$4,676,299.21.

Señala que la acción no pudo materializarse debido a que en el proceso de revisión que ordinariamente se hace a las nóminas de la institución se detectaron indicios, por lo que se inició una minuciosa investigación que aún sigue en curso. No obstante, se dispuso la retención de los fondos y su remisión a la Tesorería Nacional.

En esa situación, el titular del Ministerio de Salud Pública, doctor Bautista Rojas Gómez; instruyó a la Gerencia Financiera para que proceda a la elaboración de una nómina especial a fin de transferir a las respectivas cuentas de los afectados, los valores que les fueron retenidos indebidamente.

Además, la realización de una auditoría que abarque desde enero del año 2009 hasta mayo de este año, y que dependiendo de los resultados podría extenderse a años anteriores.

Indica que corresponderá al Ministerio Público determinar si los descuentos realizados a parte del personal del Ministerio de Salud Pública fue producto de una acción premeditada y que, de comprobarse, los responsables sean sometidos a la acción de la justicia.

Considera que en el caso podrían estar involucrados particulares y empleados y de los ministerios de Salud Pública y de Administración Pública, así como de la Contraloría General de la República.

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