A P 
SAN SALVADOR .— Hugo Castro creía que era un joven con suerte: cuando tenía 17 años dejó El Salvador para estudiar en Estados Unidos, pero tres décadas después fue deportado y obligado a rehacer su vida en un país que ya no reconocía.
Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspender el beneficio migratorio que permite a 195.000 salvadoreños residir en ese país de manera temporal, miles podrían enfrentar el mismo destino que Castro y ser enviados de vuelta a un país no sólo casi desconocido para muchos de ellos, sino que -para algunos- no está preparado para absorber a una oleada de migrantes.
“El principal problema que pasan los deportados es que nos invisibilizan, nos rechazan; no hay trabajo, no nos ayudan”, dice Castro, quien fue deportado en 2015.
La Secretaría de Seguridad Nacional informó el lunes que los salvadoreños protegidos bajo el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, tendrán hasta septiembre de 2019 para dejar el país o ajustar su estatus legal. El número de personas protegidas es apenas una parte de los dos millones de salvadoreños que se estima residen actualmente en Estados Unidos.
El TPS, que se aplica a otros países también, fue diseñado por Estados Unidos para ayudar a ciudadanos afectados por desastres naturales o algunas otras problemáticas internas. Algunos salvadoreños lo recibieron después del terremoto de 2001 que mató a más de 1.000 personas. Miles más han llegado a ese país huyendo de la violencia de las pandillas, aunque no fueron considerados para beneficiarse de ese estatus.
El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump también trajo temores de que El Salvador podría perder una importante fuente de ingresos, a través de las remesas que envían desde Estados Unidos, además de que muchas familias podrían quedar separadas. Algunos, sin embargo, también vieron con cierto optimismo que los salvadoreños que tienes años de vivir en aquel país podrían traer su experiencia al país y posiblemente detonar inversiones.
Castro es uno de quienes temen que la llegada de esos salvadoreños protegidos hasta ahora por el TPS podría ser complicada, tanto en términos personales como para el país. Y usa su propio caso como ejemplo.
Castro se fue a estudiar a una universidad de Atlanta, Georgia, donde vivía con todas las comodidades, pero su padre –un próspero dueño de fincas de café– lo perdió todo en un embargo y ya no pudo ayudarle. “Trabajé en un Club Campestre, en una librería, en una empresa de publicidad y fui manager de un restaurante de comida mexicana”.
Al llegar a Estados Unidos inició trámites para poder vivir de manera legal. Su tarjeta del seguro social y licencia de conducir fueron algunos de los documentos que le sirvieron para vivir sin problemas durante 31 años.
Sin embargo, todo cambio en 2004, cuando vivía en Houston y durante una reunión con algunos compañeros de trabajo, la policía llegó alegando que había recibido denuncias de los vecinos y se descubrió que tenían cocaína. Dado que ninguno de sus amigos aceptó ser dueño de la droga, la policía lo responsabilizó y lo llevaron a la cárcel, por lo que su expediente quedó con un registro criminal por posesión de droga. Castro tenía que presentarse ante un juez de inmigración, pero nunca lo hizo y trató de seguir su vida de manera normal. Incluso ahora, él niega que la droga fuera suya.
El incidente parecía haber quedado en el olvido, pero la policía lo detuvo en 2015 y fue a parar al Centro de Detención de Houston, donde luchó para no ser deportado. No obstante, el 28 de agosto de ese año volvió a El Salvador.
“El regreso fue traumático. Tenía 31 años de no venir a mi país”, dice el hombre, que después de enfrentar el rechazo de sus conocidos ahora ve la vida con más optimismo. “Fue un shock cultural bien fuerte”, agrega.
Los tres primeros meses después de su regreso fueron terribles, dice. “Yo estaba destrozado y sufro de depresión”, agregó.
“No me encontraba en este país. Me dijeron que tenía que buscar trabajo. ‘Vos hablas inglés. Anda a los call center’, me dijeron, y fui, pero me rechazaron por ser deportado y tener récord criminal”, cuenta.
Muchas faltas leves como infracciones de tránsito son señaladas como delitos y así aparece en sus fichas de repatriados.
Por ocho meses, Castro buscó alguien que le tendiera la mano. Su situación mejoró hasta que le ayudaron en el Instituto Salvadoreño del Migrante, donde ahora asesora a los repatriados con los programas de salud y otros para reinsertarlos en la vida del país.
Luis Membreno, un analista económico en El Salvador, cree que los salvadoreños beneficiados con el TPS son migrantes que tienen a sus familias con ellos y envían pocas remesas a su país natal, por lo cual no implicaría un golpe grande para la nación centroamericana.
“No creo que se vayan a caer las remesas familiares en el corto plazo”, asegura. El analista considera que algunas familias incluso enviar más remesas.
Los envíos de dinero desde Estados Unidos, que en 2016 sumaron 4.576 millones de dólares, representan el 17,1% del producto interno bruto de El Salvador.
César Ríos, que dirige el instituto del migrante donde trabaja Castro, es menos optimista y coincide en las dificultades que representaría para El Salvador el regreso de miles de personas desde Estados Unidos, e incluso considera que supondría una crisis humanitaria para el país centroamericano.
“El país no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. Aquí no hay programas para ayudar a los repatriados. Aquí somos estigmatizados, la gente nos rechaza”, asegura.
