A casi 50 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien instauró un régimen de sangre y opresión por más de 30 años, la violencia policial en República Dominicana en contra de los ciudadanos continúa siendo una realidad palpable,  pues persisten situaciones de maltrato físico y trato degradante por parte de la policía,  lo que resulta inaceptable en un Estado Democrático de Derecho.

Contra miembros de la policía no cesan las denuncias de ciudadanos por cometer en su contra actos de violencia. Tal situación se ha registrado, incluso, con los agentes encargados de dirigir el tránsito vehicular y hasta en la práctica de desalojos, lo que por sí solo es gravísimo.

A pesar de que ha transcurrido casi medio siglo del derrocamiento de un régimen autoritario que apañó el ejercicio abusivo y arbitrario de la fuerza, en el país no se ha conseguido adecuar la actuación policial al esquema de legalidad y eficiencia que se exige, para preservar el respeto de los derechos fundamentales, por un lado, y la salvaguardia del orden público, por el otro.

Es alarmante el nivel de violencia y salvajismo que se registró en un caso que pudo ser grabado desde un teléfono celular, por suerte. En el vídeo muchos pudimos ver la brutal paliza que tres miembros  de la Policía Nacional le propiciaron al ciudadano  Romero Omar Peña Báez, quien viajaba acompañado de su familia en un vehículo que fue rozado por la moto que ocupaban los agentes policiales en el sector de Villa María. Pero además, golpearon al lugareño que grabó la agresión con un celular.

El vídeo del deplorable ataque es, por desgracia, la imagen de una realidad generalizada que urge sea erradicada, pues con ello se pone en peligro las bases de la convivencia democrática, en la que debe respetarse la dignidad de las personas, fundamento de la Constitución. Y más aún, esta falta de adecuación de las fuerzas del orden al sistema democrático evidencia una fuerte resistencia a los procesos de reforma impulsados desde la sociedad civil. 

A lo anterior agregamos que los ciudadanos nos sentimos inseguros, cuando son los propios integrantes de los cuerpos que tienen a su cargo la preservación del orden público, quienes habitualmente acuden a la violencia y provocan la indignación de la sociedad. 

Es por todo ello que urge la reforma policial sobre la base del respeto a la legalidad y que se rompa con esa cultura autoritaria que nos permitan como nación convivir en democracia e insertarnos en la cultura de legalidad y de paz.