En el caso del Seguro Médico de los Maestros (Semma) la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) no ha tenido gran incidencia pública. Hemos hecho referencias de esa grave situación en tres espacios: En santiago, en el programa de televisión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y en dos programas de televisión de cobertura limitada de la Capital.

Se pensaría que la DIDA no ha salido en defensa de los afiliados del SEMMA en esta oportunidad como se supone que debería ser. El SEMMA, para una parte de quienes estamos inmersos en la implantación del modelo de seguridad social vigente, fue en su momento, fuente de inspiración para decir que sí era posible crear un seguro familiar de salud solidario y no privado.

Pasado el tiempo, a partir de agosto del 2007 que inició el Seguro Familiar de Salud (SFS), había que empezar a adecuar con medidas gerenciales precisas el funcionamiento de esa administradora de riesgos de salud, para preservarla de manera adecuada para sus miles de beneficiarios, los maestros.

Junto a UNIPAGO, la SISALRIL y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) iniciamos un proceso para corregir las fallas técnicas que tenía esa y todas las demás ARS, en materia de limpiar y adecuar las bases de datos, lo que estaba afectando a miles de afiliados.

Quedan hoy como testimonios la cantidad de irregularidades detectadas en su base de datos, los que se le ordenó corregir y que UNIPAGO, como lo hizo con todas las demás ARS, dedicó tiempo y espacio para entrenar a esas entidades a fin de que tuvieran base de datos limpias y saneadas que ahorrarán los costos enormes y las pérdidas económicas que por falta de adecuación, gerencial y tecnológica, tenían esas empresas e instituciones.

Con esas medidas resolvíamos las miles de quejas que por esa desorganización generalizada afectó a miles de afiliados de todas las ARS. Pasado ese momento, empezaron a llegar algunas quejas de los afiliados del SEMMA en varias vertientes, a saber: no tenían prestadores en varias provincias, muchos maestros se sentían perjudicados porque sus derechos adquiridos a una serie de prestaciones se les estaba coartando; deficientes servicios y mal trato en las dependencias del hospital del SEMMA, hasta una carta denuncia de varias irregularidades enviada por los profesores de Piedra Blanca, Monseñor Nouel, donde no había ni una sola red que les prestara asistencia.

Ni decir de las quejas registradas en Santiago, en La Romana, San Pedro de Macoris, San Francisco de Macorís y otras ciudades. Conocedora del carácter y filosofía del SEMMA, firmamos un acuerdo con la gestión de la profesora María Teresa Cabrera, a fin de influir en la información de los profesores y afiliados al SEMMA, en procura de hacer conciencia sobre la necesidad de que asumieran una nueva cultura ante el cambio de modelo operado en esa ARS.

Ese acuerdo fue nati-muerto. No operó. Pero más aún, al iniciarse la Seguridad Social, y en cumplimiento de lo establecido por la Ley 87-01, en su artículo 6, procuramos, el otrora gerente general del CNSS Arismendi Díaz Santana y quien suscribe, con el secretario de Estado de Trabajo de entonces, doctor Milton Ray Guevara; el director de la Comisión de Reforma del Sector Salud (CERSS), doctor Jesús Feris Iglesias, firmar un acuerdo con la doctora Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta de la República y secretaria de Estado de Educación, para formar un equipo técnico de profesores que sirvieran de agentes multiplicadores al personal docente de la educación pública para que la Seguridad Social, como concepto de Estado, fuera impartida como parte de la currícula .

Ese Acuerdo fue avalado por la CERSS, que destinó recursos a tales fines, la DIDA y la Gerencia General, llegaron a producir el material didáctico y más que eso, se impartieron decenas de talleres a nivel nacional a los técnicos de educación.

La historia es larga y no debo escribir un libro sobre esto, por eso, como dice mi padre: cuento corto.

Cambió la gestión administrativa en Educación y este acuerdo no estuvo en la agenda de la nueva administración.

Cambió esa administración y solicitamos de inmediato una entrevista con el nuevo secretario de Estado de Educación, hoy ministro, a sabiendas que había una serie de irregularidades en el SEMMA para tratar tanto sobre el acuerdo, como también los problemas de los afiliados al SEMMA.

No hubo forma, ni manera de lograr esa entrevista.

Posteriormente vimos con mucho asombro que se firmaba un acuerdo con la SIPEN, para hacer lo que le corresponde institucionalmente a la DIDA y que, por esas cosas que una no entiende, estaban haciendo un acuerdo para hacer lo mismo que ya se había pactado con el CNSS, la CERSS y la DIDA, y lo curioso es que lo hacían con una entidad que legalmente no tiene facultad para ello.

Al ser designada la doctora Carmen Adames gerente interina del SEMMA, fue enterada de todos los reclamos existentes, nos visitó junto a la doctora Jacqueline Malagón, con intención de buscar una vía para ir resolviendo las diferentes dificultades que se estaban presentando. Resolvimos muchos problemas a afiliados que acudieron a nosotros. Sin embargo, urgía una reunión con la Dirección de la ADP, para buscarle soluciones institucionales a las dificultades y eso no se produjo.

Nombrada la doctora Taina Gautreaux gerente de esa ARS, de inmediato procuró una reunión con nosotros, pero apenas pudimos vernos en un pasillo cuando fui a su despacho, porque recibió una llamada y no podía postergar su asistencia adonde era convocada. Quedamos en vernos luego y hasta la fecha.

Dos hechos relevantes: hemos tratado la situación con la Sisalril, cuando trató de accionar de manera definitiva, se le desautorizó públicamente alegando que «un Superintendente tenía menor jerarquía que un ministro y que él no debía ser regulado por una autoridad inferior».

Nos cuestionamos por qué los maestros no acudían en masa a la DIDA a pedir que interviniera y recurrían a huelgas, piquetes y marchas… sorpresa…una comisión que pidió una cita la pasada semana para hablar con quien suscribe, de ocho (8) apenas llegaron dos (2) y esto fue lo que me informaron: Tanto en el Ministerio de Educación como en la ADP se ha orientado de que nosotros, la DIDA, no tenemos vela en ese entierro, que no deben ir a la DIDA, porque eso no nos compete!!!

Como puede apreciarse, para quienes han dirigido ese seguro no ha entrado en vigencia la Ley 87-01. Por eso la falta de supervisión y control, por eso las insatisfacciones y violaciones recurrentes a lo que las demás ARS deben cumplir, claro está, en perjuicio de los maestros.

Zoom

Un llamado para todos

Concluyo sumándome al llamado de salvar al SEMMA para los maestros, pero no con conciliábulos, acuerdos de aposentos y manejos discrecionales al margen de la ley. Esto solo se logra asumiendo de manera transparente, sin subterfugios desviacionistas y asumiendo con responsabilidad, la reingeniería a la que hay que someterlo para lograr que un seguro tan vital para el bienestar del magisterio dominicano se maneje con apego a la ley. Por ese objetivo y con esa visión estaremos en primera fila.

La autora es directora de la DIDA