La crisis derivada de las revelaciones de la Operación Calamar, al margen de lo que puedan decidir los tribunales de la República, es una crisis que toca directamente a los partidos políticos o, para mejor decir, al llamado sistema de partidos. Nadie debe olvidar que una de las cuestiones que más brega ha dado en nuestro país es el financiamiento partidario.

Estas organizaciones, llamadas a administrar las civitas, han derivado con el tiempo en francas captadoras de fondos financieros. Cuando se quiso regular los fondos desde asignaciones públicas y nada más, de manera unánime sus dirigentes reclamaron que dejaran abiertas las puertas del sector privado, y así se hizo. Pero ello no bastó y entonces consiguieron abrir las esclusas financieras del Congreso Nacional.

Todo en aras del clientelismo, pero, eso sí, un clientelismo enmascarado en asistencia médica, en provisión de alimentos, en ayudas para ancianos, embarazadas, etcétera. Una distorsión total de la vocación de los partidos políticos, para transformarse en medios de captación de fondos para enriquecimientos de aquí, de allá y de acullá.

La literatura política narra cómo extraordinarias fuerzas partidarias de México, Venezuela, España y Perú, por ejemplo, sucumbieron al dinero que se hacían llegar a partir de las maniobras financieras más insólitas. Aquí, en nuestra República Dominicana, estamos asistiendo, lamentablemente, a prácticas similares. Es incalculable la cantidad de millones de pesos que nuestro sistema de partidos absorbe cada año para, se dice, “pagar el precio de la democracia”.

La Operación Calamar es el último espejo de hasta dónde podemos llegar. Anclados en este punto, tenemos que sacudirnos. Para hacerlo necesitamos el vigor de la sociedad civil en su conjunto, de los jóvenes que viven en esperanza, de las iglesias, de los empresarios y de los medios de comunicación. Detengamos ese “saber buscar dinero”, paso indispensable para salvar nuestra democracia.