El problema económico más inmediato es garantizar la estabilidad del tipo de cambio y con ello se mantiene detenida la inflación y el deterioro de los ingresos reales de las personas. Para lograr ese objetivo en lo inmediato hay que tomar dos tipos de acciones:

La primera acción es mantener el acuerdo con el FMI. Esta acción requiere buscar recursos para sustituir los impuestos transitorios (la comisión cambiaria, el recargo de 2% a las importaciones y el 5% de las exportaciones), alcanzar el superávit fiscal y redefinir el subsidio al gas y a la electricidad. El conjunto de estas medidas debería proveer alrededor de 35 mil millones de pesos. El superávit fiscal es estratégico en estos momentos pues da sostenibilidad a la política monetaria e impide la devaluación.

Si la política monetaria no se sostiene en lo inmediato el tipo de cambio podría llegar a 80 o a 100 pesos por dólar. Sencillamente se duplicaría la emisión monetaria, es decir, si la cadena de vencimientos de certificados del Banco Central y las nuevas colocaciones se rompe por alguna circunstancia, la emisión monetaria quedaría sin control y dispararía el tipo de cambio, la inflación y reduciría el poder adquisitivo del peso.

Lamentablemente, los dominicanos y las dominicanas tenemos que acceder a tener que pagar nuevos impuestos para seguirle pagando intereses a los ricos propietarios de los certificados del Banco Central y eso habrá que hacerlo por algún tiempo. Para ocasionar el menor daño en términos de redistribución del ingreso y de empobrecimiento de la población, esos recursos deberán provenir de gravar a los que tienen ingresos en dólares (zonas francas, sectores del turismo y exportadores), de los que reciben intereses, del impuesto sobre la renta, del selectivo al consumo, y del impuesto a la propiedad de vivienda. Además se debería refocalizar el subsidio a la energía y al GLP para reducir gastos, así como racionalizar la gestión pública. A este esfuerzo no se le puede llamar reforma fiscal, sino un esfuerzo para darle sostenibilidad a la política monetaria.

Segunda acción, los responsables de crear esta situación, los que cometieron el fraude bancario y los que tomaron la decisión de cargarle a toda la población la perdida de los bancos deberán ser sometidos a la justicia. En el caso de los primeros, estamos hablando de un delito criminal. Si ese delito queda impune se estará enviando a la sociedad una señal errada. Es el momento de poner al descubierto el régimen de complicidades que le ha hecho tanto daño a esta sociedad y restablecer la credibilidad en las instituciones y el gobierno. Los políticos no pueden ser percibidos como apandillados con un grupo de empresarios. Hay que rescatar la política y darle un contenido trascendente.

Con relación a los miembros de la Junta Monetaria, quienes decidieron que todos los dominicanos y las dominicanas debían pagar el costo por el fraude del Baninter, deberán dilucidar frente a la Justicia si violentaron o no los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Monetaria y Financiera. Se ha argumentado que la decisión trato de evitar un riesgo sistémico de la banca, ¿puede ser? Y ello es un atenuante si se ha violado la Ley, pero frente a la duda debe quedar claro para beneficio de la sociedad y de ellos mismos, que nadie por respetado y poderoso que sea puede tomar una decisión al margen de la ley.

En todo caso, una decisión que ha tenido tantos costos para las familias dominicanas debe ser ampliamente explicada, debe conocerse la base técnica de la decisión, es necesario conocer la estructura de los depósitos del Baninter, y dejar a todos convencidos de que dicha decisión fue el fruto de un análisis ponderado y profesional y no de un comentario anecdótico, como se han sustentado otras tantas decisiones en el país.

Si las próximas autoridades no actúan en el plano judicial y hay nuevas componendas y complicidades, habrán perdido toda la legitimidad y credibilidad y se creará un problema de gobernabilidad.

En el corto plazo hay dos medidas a tomar: la reforma fiscal y la reingeniería financiera para desmontar los certificados del Banco Central.

En cuanto a la Reforma Fiscal, como bien ha señalado la propuesta del CIECA/Montalvo, se requiere un reordenamiento de ingresos y egresos que permita garantizar crecimiento y distribución del ingreso. Esa reforma deberá partir de una definición de los objetivos a alcanzar, por ejemplo, de los requerimientos de educación, salud y bienestar general de la población y sobre esa base se harán las estimaciones de necesidades y se determinará quien pagará.

Dentro del corto/mediano plazo es imprescindible hacer la reestructuración financiera de los certificados del Banco Central para eliminar la fuente del déficit cuasifiscal y liberar los recursos públicos para la reforma fiscal (egresos e ingresos). Ese desmonte de los certificados puede implicar venta de activos del gobierno y de los bancos con problemas, así como contraer una nueva deuda a menores tasas de interés.

Es obvio que mientras más credibilidad tenga el gobierno, menor será el costo del desmonte de los certificados.

En resumen, el éxito de este proceso pasa necesariamente por acciones inmediatas que impiden el deterioro y de corto/mediano plazo que reactivan el dinamismo económico; pero la legitimidad del gobierno para exigir sacrificios pasa por la ruptura con el régimen de complicidades, impunidades y la corrupción, de lo contrario seguiremos como el cangrejo y se habrá dado el mensaje equivocado.