POR LLENNIS JIMÉNEZ
El empresario israelí dijo que las autoridades dominicanas trataron de extraditar como implicado en la estafa contra el Estado, a través del Plan Renove, Sahlomo Ben-Tov (San Goodson), advirtió que demandará al Estado dominicano en La Florida por los daños y perjuicios que le ha ocasionado la acusación, informó ayer su abogado Gustavo Baiggei.

Asimismo, los abogados de los implicados en el Plan Renove convocaron ayer miércoles por primera vez una rueda de prensa juntos para denunciar la supuesta manipulación grosera que da el ministerio público a la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que descargó al grupo acusado de estafar al gobierno con RD$1,800 millones.

Indicaron que Goodson estuvo detenido durante siete meses, en una cárcel de alta seguridad, en la que apenas podía ver a sus familiares los sábados.

Los representantes legales de los funcionarios del pasado gobierno, sindicalistas y transportistas también dijeron que el ministerio público politiza el caso de manera grosera.

Los abogados Bolívar Reinoso, del consejo de defensa de Pedro Franco Badía; Félix Vásquez, de Siquió NG de la Rosa; Erik Raful, de Johnny Morales; Ingrid Hidalgo, de Antonio Marte, Biaggei y Félix Olivares, quienes representaban a Goodson, también se quejaron de los demás sectores que critican la sentencia que los beneficia, afirmando que en el 98% de los casos desconocen su sustentación. Y esos sectores que han satanizado esa sentencia, son los mismos que a esa Corte le han hecho reconocimiento público por sentencias que favorecen sus intereses.

Acusaron al ministerio público, específicamente al director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Octavio Líster, de mentirle a la población con relación a la realidad de las supuestas pruebas obtenidas.

Rechazaron las críticas vertidas a lo que llaman la histórica sentencia de la Corte de Apelación, que descargó a los funcionarios, contrariando dos fallos anteriores.

Negaron que la sentencia que benefició a San Goodson se dio como resultado por la que realizó la Corte del país, tras denunciar que la extradición de ese empresario se debió a que fueron falsificados algunos de los documentos que enviaron funcionarios del ministerio público, porque supuestamente no tenían argumento para solicitar la extradición.

Deploraron que el ministerio público ventile el proceso en los medios de comunicación y no en la instancia judicial.

Declararon que instancias superiores, como el DEPRECO, han llegado tan lejos que han roto el equilibrio y de manera grosera, burlado la independencia de los poderes del Estado que prima en un sistema democrático. Se han alejado, incluso, de la sensatez y la prudencia que ha exhibido el presidente de la República -Leonel Fernández -, y, esto, hay que reconocerlo.

GOODSON

Gustavo Biaggei dijo que como resultado de la acusación que el Estado dominicano le interpuso al empresario israelí, éste permaneció preso durante siete meses en una cárcel de alta seguridad, en la que sólo podía ver a su familia, los sábados.

Sostuvo que el juez federal de La Florida que inicialmente dispuso la extradición de Goodson, luego la denegó, al conocer otra solicitud de su propia decisión, supuestamente, por considerar que los documentos que soportaban el pedimento no garantizaban la verdad.

Explicó que el magistrado entendió que no existía causa probable del juicio en contra de Goodson. Señaló que entre los documentos falsificados están: el manifiesto de Aduanas -impuesto único firmado por el presidente Hipólito Mejía-, con el cual se hizo la importación de los 13 primeros vehículos que comprobarían la calidad de las unidades vendidas por Goodson.