Samuel G. Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y acusado de estafa contra el Estado en la red de la Operación Camaleón, fue trasladado en la tarde de ayer, de la cárcel del Palacio de Ciudad Nueva a su residencia, para comenzar a cumplir la medida de coerción de arresto domiciliario que le impuso la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Baquero Sepúlveda, de nacionalidad española, se encontraba detenido desde el pasado 2 de octubre, cuando fue allanada su vivienda por parte de miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes le imputan ser parte de la red criminal que benefició al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) con el contrato alegadamente fraudulento de Transcore Latam, para el manejo del Sistema de Semaforización del Gran Santo Domingo.

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Sus abogado Ingrid Hidalgo y Joaquín Jáquez dijeron que no van a recurrir la medida de coerción. Se van a someter al proceso de la investigación. Este viernes continuaban en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los otros seis acusados en el caso.

Laura Acosta, abogada de Hugo Beras, exdirector del Intrant, y luego de referirse a las condiciones del contrato de Transcore Latam, adelantó que van a recurrir la orden del tribunal que le impuso 18 meses de prisión preventiva a Beras, en la cárcel de Najayo. Sostuvo que la jueza Veloz expuso, al momento de emitir el fallo, que no tenía forma de verificar quién decía la verdad en el proceso.

Se espera que con Beras sean trasladados a cumplir los 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, Jochi, también acusado de terrorismo a través de su empresa Aurix, S.A.S, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.