El procurador general adjunto, Bolívar Sánchez, quien tiene a su cargo la investigación a los jueces involucrados en actos de prevaricación, garantizó ayer que todo el que tenga que ver con ese caso tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Atribuyó a una “jugada más” del abogado Carlos Balcácer, la versión de que el Ministerio Público (MP) estuvo el jueves por el entorno de la residencia de su cliente, el exconsultor del Poder Judicial, Francisco Arias Valera.

«Desmentimos categóricamente que la Procuraduría haya intentado realizar en el día de hoy (ayer) un allanamiento a la residencia del exjuez. Esto no es más que una jugada más de las que ese abogado tiene acostumbrado a este país», dijo el inspector general del MP.

Afirmó que es costumbre de Balcácer “tirar bolas de humo”, para tratar de enturbiar los procesos judiciales y los procesos de investigación.

“Pero les digo tanto a él como al país, que no se desesperen, pues el que tenga que ver con el caso que se investiga, tendrá que sentarse frente a un juez a explicar sus acciones», expresó Sánchez.

UNa orden. El allanamiento. A la residencia de Arias Valera, sindicado por el procurador general Francisco Domínguez Brito como cabecilla de la estructura mafiosa que estaría operando a lo interno del Poder Judicial, fue ordenado por el juez de la Instrucción Especial, Ramón Horacio González Pérez.

Sin embargo, no se pudo ejecutar por un error en la dirección del imputado, cuyo domicilio está ubicado en el sector Arroyo Hondo, de la capital.

Arias Valera está acusado junto con otros jueces, que fueron suspendidos en sus funciones sin disfrute de sueldo. Él renunció.

Faltan más. En su informe, el procurador general Domínguez Brito asegura que la estructura mafiosa que supuestamente lideraba Arias Valera, está conformada por “jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares”, pero hasta ahora solo ha identificado a seis magistrados, incluido el exconsultor del CPJ.