LA PAZ (AFP).- Un fiscal boliviano decidió encausar por «hurto agravado» al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre pasado por una insurrección popular y también a sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Javier Torres Goitia.

El fiscal José Alfredo Añez, con asiento en la ciudad de Santa Cruz (este del país), dijo que incluirá en el proceso al ex mandatario y sus colaboradores que huyeron del país, se presume, después de malversar fondos de la partida de gastos reservados.

«Nosotros inmediatamente vamos a proceder a ubicar a estas personas para citarlas», confirmó el fiscal, quien dijo poseer el sustento legal para procesar a Sánchez de Lozada que, desde el momento de su caída, reside en Estados Unidos, lo mismo que los ex ministros de Defensa y Salud, Sánchez Berzaín y Torres Goitia respectivamente.

Las evidencias para encausar al ex gobernante y sus colaboradores habrían sido proporcionadas por el ex ministro de Gobierno (Interior) de Sánchez de Lozada, Yerko Kukoc, quien admitió delito de peculado para enfrentar un juicio oral y público.

También hombre de confianza de Sánchez de Lozada, Kukoc, que el 17 de octubre salió del país con destino a Buenos Aires, admitió haber hurtado 76.000 dólares y 1,5 millones de bolivianos de la partida de gastos reservados.

Kukoc se comprometió a ayudar en la investigación del caso para mitigar su pena, reveló el fiscal Añez.

«Vamos a ejecutar el procedimiento que corresponda, ya sea mediante un tratamiento de exhorto ante autoridades análogas de otros países o si (los imputados) están dentro del territorio nacional, citarlos debidamente», argumentó la autoridad judicial.

Sánchez de Lozada, a quien su adversario político y líder de los cocaleros bolivianos, Evo Morales, y partidos socialistas e indigenistas intentan enjuiciar en el Congreso por «delitos de lesa humanidad» durante su último gobierno, ha negado, por medio de sus abogados, cargos por corrupción.

Kukoc parecía convertirse en pieza clave para inculpar al ex mandatario liberal, también acusado por manejos dolosos en el proceso de capitalización (privatización) que dirigió durante su primera administración (1993-97), cuando se transfirió, en supuestas condiciones desventajosas para el país, la mayor parte de las empresas estatales y, principalmente, los yacimientos petroleros, origen de las revueltas populares que acabaron abrupatamente con su segundo gobierno hace 9 meses.

«Convenimos (con Kukoc) dos años (de cárcel) porque cooperará con información sobre montos de dinero que otros funcionarios gubernamentales se habrían llevado (el dinero). Indagaremos (por medio de la declaración del ex ministro de Gobierno) cuánto dinero, cómo, de dónde se puede recuperar, aparte de lo sustraído por Kukoc», reveló el fiscal Carlos Piérola.