LA PAZ (AP) _ El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sostiene en un documento divulgado el sábado que quienes lo derrocaron hace un año ahora gobiernan Bolivia y que influyen sobre el Poder Judicial, por lo que desconfía del la ecuanimidad del juicio planteado en su contra.

   El ex mandatario, quien vive desde su renuncia –el 17 de octubre de 2003– en Estados Unidos, reconoció que cometió errores, pero no «de mala fe»», y dejó entrever que está dispuesto a someterse al proceso, aunque asegura que quienes lo derrocaron «ahora gobiernan y digitan la justicia»».

   «Quienes derrocaron el poder constitucional, asestando un golpe a la democracia y a las instituciones bolivianas, ahora están participando en el gobierno y ejercen una influencia decisoria sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público»», señaló el ex mandatario en un comunicado.

   Se trata de la primera manifestación pública del ex gobernante tras la decisión del Legislativo de autorizar un juicio por genocidio y violación de las garantías constitucionales. Sánchez de Lozada está acusado de la muerte de 56 personas durante la convulsión de octubre que provocó su caída.

   Calificó de «infamia»» la acusación del Fiscal General, César Suárez, quien dijo el viernes que el ex presidente debe responder por el destino de 180 millones de bolivianos, 22 millones de dólares, supuestamente solicitados al Banco Central de Bolivia (BCB) durante octubre de 2003.

   Suárez ha incurrido en contradicciones sobre esos supuestos desembolsos. En algunas entrevistas ha señalado que el dinero fue entregado por el BCB en los días de la revuelta, pero en otras sostuvo que ese monto fue girado a cuentas particulares desde tres meses antes de la revuelta.

   El BCB ha señalado que entregó durante la rebelión algo menos de dos millones de dólares al gobierno de Sánchez de Lozada, quien sostiene que el dinero que fue dispuesto para financiar las operaciones de las Fuerzas Armadas y la policía durante la violenta represión de esos días.

   «El fiscal me responsabiliza de una supuesta sustracción de fondos reservados que no existió»», dijo el ex mandatario en la nota. «Acudiré a todas las instancias que sean necesarias, para exigir el derecho de los bolivianos y de la historia a la más amplia, imparcial y exhaustiva investigación de los sucesos, sin privilegios de ninguna naturaleza»», agregó.

   Junto a Sánchez de Lozada serán procesados sus 15 ministros, cinco de los cuales son actualmente legisladores.

   El viernes, un millar de manifestantes tomaron las calles de La Paz para reclamar el juicio a Sánchez de Lozada y pasearon muñecos enjaulados que aludían al ex presidente y sus colaboradores. Otros actos se realizarán el domingo 17 al cumplirse un año de la revuelta.

   El levantamiento popular, que tuvo su epicentro en la ciudad de El Alto, a 12 kilómetros de La Paz, emergió en contra de un proyecto privado de exportación de gas a Estados Unidos y México, especialmente si se hacía por un puerto de Chile, país ante el que Bolivia perdió su costa en la guerra de 1879.