Hoy 
REYNALDO R. ESPINAL
Ningún ciudadano que se sienta comprometido con la promoción y defensa de los Derechos fundamentales, puede oponerse a los avances legislativos que propugnan por ampliar y perfeccionar la protección efectiva de los mismos. Tal es -a nuestro juicio-la noble intención que fundamenta la Doctrina del Garantismo Penal si no mal interpretamos los textos del eminente jurista Italiano Luigi Ferrajoli, quizás el más conspicuo defensor teórico de esta Escuela Jurídica.
De lo antes dicho se desprende que si tal era la intención de los promotores de la Reforma Procesal Penal recientemente implementada en nuestro país, tal iniciativa no podemos por menos que encomiarla; empero, situaciones ocurridas recientemente han sembrado en el ánimo de muchos dominicanos y dominicanas la desagradable aprensión de que -si bien es cierto que tal reforma era, como tantas otras, necesaria- ha resultado a todas luces prematura e intempestiva y casi nos han forzado a creer que la misma -concebida como un valladar en contra de la arbitrariedad- ha devenido en la práctica en un instrumento legal para privilegiar a los victimarios y mancillar la dignidad de las víctimas.
Tales son las penosas conclusiones a que necesariamente hemos de arribar después de recibir las preocupantes informaciones- de las que se ha hecho eco este prestigioso diario y otros medios informativos de reconocida solvencia- y que dan cuenta de que por quinta ocasión ha sido pospuesto el juicio que se sigue a los confesos asesinos de nuestra siempre recordada Vanessa Ramírez.
Los padres de la víctima -al igual que sus familiares, abogados, representantes de la Fiscalía y amigos y relacionados que acuden a las audiencias fijadas- están sufriendo las consecuencias emocionales y económicas de una dilación judicial que se torna a todas luces perversa y maliciosa; las aprensiones, sin embargo, no terminan ahí, pues es el caso que en una de las pasadas audiencias la Honorable Magistrada que tiene a su cargo la ventilación del caso se vió precisada a aplicar las sanciones condignas a la conducta poco respetuosa para con las víctimas de los defensores públicos asignados para defender a los victimarios.
Nada que no sea la deformación moral -si es que no hay detrás de tal conducta un sustrato patológico- permite justificar éticamente que tras una supuesta estrategia de defensa, campee orondo en el recinto sagrado donde se ha aplicar justicia, el desenfadado irrespeto a las víctimas.
Si tal como parece, son los defensores públicos designados para asistir jurídicamente a los victimarios, los responsables últimos de la cuestionable dilación del juicio, -con la implementación de sus retorcidas tácticas de defensa- un gran favor haría a la sociedad toda la Dirección Nacional de Defensoría Pública en cuidar la selección de los mismos, cuidado que implica no sólo asegurarse de su necesaria competencia profesional, sino, al propio tiempo, de su entereza ética y su sagrada sujeción a las normativas deontológicas que rigen su ejercicio.
Todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad seguimos con atención el juicio a los victimarios de Vanessa; y ello así por que en el mismo se verá si la tan cacareada Reforma Procesa Penal cumple en la práctica con los postulados que le dieron origen, o si, por el contrario -como opinan muchos sectores y ciudadanos sensatos inconformes con su actual balance- no constituye más que una novedosa añagaza jurídica que provocará- conforme a las leyes que rigen el efecto boomerang- un mayor incremento de la delincuencia y un nuevo aliento legal- por paradójico que ello parezca- para que siga campeando por sus fueros el irrespeto a la vida.
En todo caso, no está demás recordar a los actores judiciales que alientan la dilación del Juicio a los Victimarios de Vanessa que la peor injusticia es la justicia denegada, por lo que nada podrá impedir que de continuar lo que a todas luces constituye otra desconsiderada afrenta, nueva vez- como ya ocurrió a raíz de su muerte horrenda- los dominicanos y dominicanos de buena voluntad volvamos otra vez a vestirnos de luto y a exigir a voz en cuello y ocupando las calles, la sanción judicial de este vituperable crimen.
La única diferencia será que esta vez el luto tendrá un motivo adicional: la prueba inequívoca de la indignación colectiva ante las funestas consecuencias de una reforma penal infuncional, que al terrible suplicio de tantas familias dominicanas que hoy lloran inconsolables la muerte inocente de sus seres queridos, condena a numerosas familias a resignarse impasibles no sólo ante la pérdida de los seres que aman -lo que ya es demasiado- sino ante otro suplicio no menos hiriente, indecible e inaceptable: la falta de reparación moral a que equivale la denegación de justicia.
