Sancionar controversiales proyectos es gran reto para Cámara diputados en 2010

Sancionar controversiales proyectos es gran reto para Cámara diputados en 2010

El conocimiento del controversial  proyecto de Ley de Partidos  y el  envío a juicio político de  las autoridades del ayuntamiento de Villa Altagracia por alegados actos de corrupción constituyen algunos de los retos que tendrán que enfrentar los diputados para el próximo año.

Ambas iniciativas han sido colocadas en agenda en varias ocasiones, pero por circunstancias diversas no han logrado el quórum necesario para su conocimiento y aprobación por parte de los parlamentarios.

Tropezones

A pesar de que el conocimiento del proyecto de  Ley de Partidos fue consensuado  entre el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, para que sea sancionado una vez concluyera la reforma constitucional,  esto no ha sido posible.

Inclusive, el vocero de la bancada perredeísta, José Leonel Cabrera (Neney), ha acusado a los peledeístas de boicotear la pieza.

Los perredeístas propugnan para que el  proyecto  sea conocido lo más pronto posible, a fin de lograr su aplicación en las elecciones  del 2010.

En la última sesión, el documento fue enviado nuevamente a la comisión especial, presidida por el diputado peledeísta Rafael Calderón, en espera de un informe del departamento Legal de la Cámara de Diputados, en torno a posibles coincidencias con la nueva Constitución.

Villa Altagracia

Sobre Villa Altagracia ha sido imposible que los diputados se pongan de acuerdo para conocer una recomendación de juicio político contra las autoridades de esa demarcación encabezadas por el síndico Pedro Peralta.

Acusación

1. Pedro Peralta está acusado de un desfalco en el cabildo de Villa Altagracia por un valor superior a los 100 millones de pesos. En el hecho están implicadas además otras autoridades edilicias, entre ellas regidores y funcionarios.

2.  Para el conocimiento en el hemiciclo de la resolución enviando a juicio político al grupo se requiere la presencia de las tres cuarta parte de los  diputados, es decir  134 parlamentarios.  Este tema ha generado  calurosos debates entre los congresistas.

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