Sancionarán lugares públicos por discrimen

Sancionarán lugares públicos por discrimen

La Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) advirtieron ayer que tomarán acciones contra cualquier establecimiento público destinado a actividades recreativas, culturales, artísticas, de ocio y tiempo libre, donde se impida el acceso de personas por discriminación de cualquier índole.

La magistrada Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría, y Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor, exhortaron a la ciudadanía a denunciar ante esas dos instituciones cualquier prohibición que por condición racial, social o personal, religiosa, de edad, género, discapacidad u otra, se les haga en esos lugares.

Informaron que decidieron adoptar acciones debido a constantes episodios de discriminación que se han venido dando en el país en los últimos tiempos, algunos de los cuales han trascendido a la opinión pública.

Violaciones. Ambas funcionarias recordaron que la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones viola preceptos establecidos en los artículos 39 y 53 de la Constitución, que consagran los Derechos a la Igualdad y a la Protección al Consumidor; también, el 33 literales d y h de la Ley 358-05 sobre Protección al Consumidor y Usuario, que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Señalan que contra las discriminación aplicarán sanciones inmediatas y efectivas.

Agregaron que también está la resolución de fecha 15 de mayo de 2013, emitida por la Procuraduría General, que instruye a todos los procuradores fiscales del país a velar por el respeto al derecho fundamental a la no discriminación en el acceso a bares, restaurantes y otros lugares de esparcimiento.

Citaron además el artículo 336 del Código Penal Dominicano, el cual sanciona toda clase de discriminación con prisión y multa; asimismo, la Ley No. 358-05 General de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario sanciona en su artículo 112 con hasta 500 salarios mínimos las infracciones cometidas contra la mencionada ley y los derechos del consumidor.

 

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