Un paso en firme ha dado la Junta Central Electoral al crear un mecanismo de seguimiento a la aplicación de las leyes que rigen sus funciones y las de los partidos políticos a fin de disponer las sanciones administrativas por incumplimiento que correspondan al margen de los casos que deban ser remitidos a tribunales y a un Ministerio Público especializado. Abierto a las denuncias de vulneraciones a las reglas que procedan de los propios contendientes del sistema y de otros entes sociales; todos fueron informados previamente de las características y facultades del nuevo órgano que debe llenar el vacío de controles y de ejercicios equitativos de autoridad sobre el accionar partidario que ha existido. Se había dejado demasiado espacio a la discrecionalidad de las dirigencias, la forma de financiarse y promover aspiraciones sin límites de tiempo ni de empleo de recursos. La igualdad democrática de condiciones de participación para las diferentes propuestas partidarias debe estar garantizada por un marco legal con implicación de consecuencias para quienes lo quebranten.
La democracia dominicana debe ser fortalecida con reglas de general aceptación en el sistema partidario, como es la que respalda la decisión de hacer valer las leyes electorales creando una unidad de seguimiento. Corresponde hacer lo mismo con el proyecto de resolución que establecería límites a la concertación de alianzas y coaliciones, objetivos que necesitarían la validación de un consenso.