Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria de América Latina y el Caribe y exdirector del Nuevo Modelo Penitenciario, afirmó ayer que la supuesta muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), sin muestra de velatorio ni la existencia del lugar de su sepultura, evidencia el entramado de corrupción existente en el país.
Entrevistado sobre el escándalo que involucra a 17 personas que ya han sido interrogadas, seis funcionarios judiciales que fueron suspendidos, en un hecho que va desde variar la medida de coerción de prisión carcelaria, por prisión domiciliaria; certificar que padecía de un cáncer o de otra enfermedad terminal y otorgar una acta de defunción que confirmaría la muerte del condenado a 20 años por el asesinato del español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), Santana se preguntó cómo esa persona fue puesta en libertad y trasladada.
Aunque la Procuraduría General informó que no cree en el deceso del sentenciado, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está convencido de que esto se manifiesta, “dada la situación de corrupción presente en una alta cantidad de las dependencias públicas y de la falta de sanción a los actos de corrupción”.
Dijo que este hecho solo es posible que se verificara a través de una cadena de actos de corrupción, por lo que demandó del Ministerio Público que lo investigue y establezca las sanciones correspondientes. Quirinito fue reportado desaparecido el pasado 5 de julio y su familia no colabora en la ubicación de su supuesto cadáver. Dos jueces y un médico legista están suspendidos.
Santana lamentó que en República Dominicana no exista un sistema de consecuencia para los casos de corrupción público-privado. Del asunto de Quirinito, sostuvo, se trata de una operatividad de la corrupción como sistema y no de hechos aislados o desconectados, y que generan automáticamente su propia mecánica de encubrimiento e impunidad.
En esa cadena corrupta, dijo, participan funcionarios públicos y profesionales en su ejercicio privado, pagados por personas y/o grupos criminales. “El entramado político del país está medularmente involucrado en casi todas esas situaciones”, puntualizó.