Santo Domingo, además de ser la ciudad capital de este país, es la Primada de América, un patrimonio de un continente y del mundo. Eso le confiere un valor histórico, cultural y político cuya potencialidad particularmente económica, no ha sido debidamente aprovechada.

Languidece sepultada por la basura, secuestrada por unas voraces  autoridades locales y por la indolencia y politiquera de las nacionales.

Como uno de los tantos déficits institucionales, el Estado dominicano no tiene  una clara política urbana. En ese contexto, las autoridades que durante cuatro décadas se han sucedido en el control del ayuntamiento del DN y de los ayuntamientos que la circundan desde la última década, no han sido capaces de ofrecer a la  población del  Gran Santo Domingo los servicios básicos para un discurrir de su cotidianidad mínimamente normal o decente.

Ningún presidente de la República ha entendido que, sin menoscabo de la autonomía municipal, dado el significado de esta ciudad su administración es una cuestión nacional. Por eso, en este caso, los temas del manejo de la basura, del tratamiento de sus residuos sólidos, sanitarios, de seguridad urbana y ciudadana, del transporte, de su imagen física y su patrimonio histórico/cultural, entre otros, son temas nacionales.

En ese sentido, es inconcebible que recurrentemente, como sucede ahora, esta ciudad esté prácticamente ahogada por miles de cúmulos de basura en sus calles porque carece de un vertedero, porque el que usa para depositar los residuos sólidos está bloqueado por la disputa entre funcionarios municipales por el control y beneficios particulares de los recursos económicos que generan el manejo de la basura.

Santo Domingo no es posible ni viable sin vertedero, sin capacidad para dar tratamiento a casi el 90% de las aguas residuales, con alrededor de un 70% de su población sin alcantarillado sanitario, niveles de pobreza en algunas zonas que rondan el 50% de su población, con una percepción de inseguridad en sus habitantes que ronda el 46.3% (la media nacional es de 27.2), un transporte público caótico, caro, inseguro,  controlado por mafias ligadas a los poderes locales y nacionales.

En esa circunstancia, se pierde toda posibilidad de ser un destino turístico, como podría ser la oportunidad de aprovechar sus atributos geográficos por estar a menos de ocho horas de Europa, a dos de los Estados Unidos, de Centroamérica y de algunos países de la Sudamérica. Eso es pérdida neta para la economía de la ciudad y del país y por esa razón deja de ser una cuestión meramente municipal adquiriendo una dimensión nacional.

Es la consecuencia de una falta de visión de país de los dos principales partidos del sistema y razón por la cual una urbe metropolitana que ronda los tres millones de habitantes se administre sin un Plan Regulador que establezca hacia dónde crecer, los límites de ese crecimiento y los usos que actual y potencialmente se debe dar a sus espacios y que no tenga una política urbana que tenga en cuenta su jerarquía espacial y poblacional en el país y en la isla entera.

La basura y la politiquería retratan a quienes han administrado el país y su Capital.