Por Stephen Leahy *
TORONTO, ago (Tierramérica)  Las políticas de conservación de selvas redujeron el ritmo de la deforestación en la Amazonia peruana, afirma un nuevo estudio basado en detección satelital de alta precisión.

Aunque los bosques amazónicos de Brasil son los que concitan la mayor parte de la atención internacional, los 661 mil kilómetros cuadrados de selvas peruanas son reconocidos como un ecosistema único.

Pero los impactos de la actividad humana en toda la región han sido mal comprendidos hasta un estudio publicado el viernes 10 en la revista científica Science.

«Las reservas forestales y las áreas de conservación de Perú parecen estar funcionando bien», dijo Greg Asner, director del estadounidense Observatorio Aéreo de la Carnegie Institution of Washington, con sede en California.

La deforestación y otras alteraciones de las zonas boscosas –tala selectiva, exploración petrolera y minería– aumentaron en un promedio de 127 mil 700 hectáreas por año entre 1999 y 2005. Pero apenas dos por ciento tuvo lugar en áreas protegidas, según el  estudio de Asner y sus colegas.

En cambio, los cuatro millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña pierden entre dos y 2,4 millones de hectáreas por año, y aproximadamente 10 por ciento de ellas están en áreas protegidas.

Las razones de la menor pérdida forestal peruana serían el aislamiento de las selvas y las políticas más eficaces en el uso de la tierra, dijo Asner a Tierramérica. Perú implementó hace mucho tiempo un sistema de permisos de tala, régimen que es muy reciente en Brasil, señaló.

Mediante un sistema satelital de detección de alteraciones forestales diseñado para medir la pérdida boscosa en Brasil, sumado a trabajo de campo, el estudio encontró que 86 por ciento de todas las pérdidas forestales se concentran en dos lugares: la zona maderera de Pucallpa, en el oriental departamento de Ucayali, y a lo largo de su red de carreteras.

Las imágenes revelan una gran «filtración» de la tala desde las áreas autorizadas hacia los bosques cercanos, señaló. Aunque es difícil saber con precisión qué está ocurriendo, Asner sospecha que cuando se permite deforestar una zona, los concesionarios u otros actores cortan también los árboles circundantes.

La investigación muestra también que la deforestación se debe a la construcción de la Autopista Interoceánica, directamente vinculada a 23 por ciento de los daños totales.

Quienes talan buscan árboles valiosos, como la caoba (Swietenia macrophylla) que todavía se encuentran en cantidades importantes en la Amazonia peruana, dijo David Hill, activista de la organización no gubernamental Survival, con sede en Gran Bretaña.

«El ‘lavado’ de árboles ilegales continúa. Se pretende de la caoba es talada dentro de las concesiones legales, cuando en realidad procede de fuera de ellas», dijo Hill a Tierramérica.

«Las concesiones de terrenos para tala legal facilitan las extracciones ilegales», agregó.

Hill tiene dudas de que los territorios indígenas concentren apenas 11 por ciento de las alteraciones forestales, como señala el estudio de Asner.

«Hay tala ilegal en cuatro de las cinco reservas autóctonas» de comunidades en aislamiento voluntario, dijo.

Estas tribus indígenas se niegan a mantener contacto con el mundo exterior. A menudo, un resfriado o una gripe resultan fatales para ellas, porque no han estado previamente expuestas a estas enfermedades. Los leñadores furtivos llevaron esos males a la comunidad nahua en los años 80, y más de la mitad de sus integrantes fallecieron, recordó Hill.

Aunque la tala es la amenaza más urgente para los pueblos aislados, la exploración petrolera y gasífera también son un problema significativo. El mes pasado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana reclamó ante los tribunales la prohibición de la actividad petrolera en las áreas de la Amazonia habitadas por estas tribus.

Los indígenas obtendrían un gran avance si lograran derechos legales de propiedad sobre sus tierras, opinó Hill.

Pero mantener a raya a las industrias extractivas es un enorme desafío para cualquier país. Brasil quiso seguir ese camino durante décadas, sin mucho éxito.

«La tala es una industria multimillonaria en Brasil, y 80 por ciento es ilegal, según el gobierno», dijo el especialista en selvas Bill Laurance, del estadounidense Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian, con sede en Panamá.

La deforestación cayó en los últimos dos años por la baja en el precio internacional de la soja y la carne vacuna, así como por una ofensiva contra la tala ilegal, declaró Laurance a Tierramérica.

*El autor es corresponsal de IPS.

Cruzada verde en Nicaragua
Por José Adán Silva *
Nicaragua intenta revertir la pérdida de recursos hídricos con una masiva plantación de árboles, necesarios para captar la lluvia en áreas de recarga de ríos y lagunas.

MANAGUA, ago (Tierramérica)  El gobierno de Nicaragua lanzó una campaña nacional para reforestar 60 mil hectáreas anuales de bosques y recuperar 18 ríos perdidos por la tala descontrolada de los últimos años.

La Campaña Nacional de Reforestación se lanzó oficialmente en junio y comenzó en julio en varios municipios de Managua, principalmente en las riberas de lagunas y ríos contaminados por basura y aguas servidas de la capital.

La meta de reforestar 60 mil hectáreas por año se extenderá hasta 2012 y contará con la ayuda de alcaldías, estudiantes de primaria y secundaria, voluntarios ambientalistas, miembros de la policía y del ejército de Nicaragua, explicó William Schwartz, director del estatal Instituto Nacional Forestal (Inafor).

Más de 210 especies se plantarán según zona, clima y tipo de suelo, señaló la Oficina de Fomento Municipal del Inafor. Por ejemplo, en el norte, más frío, se siembran pinares, y en el centro, más cálido, árboles latifoliados.

La «cruzada verde» se hará con el presupuesto asignado este año al Inafor, de unos ocho millones de dólares.

Cuenta con el respaldo pleno del presidente Daniel Ortega y con la cooperación de los ministerios de Agricultura y Ganadería, y de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, señaló Schwartz.

Hasta agosto, la cifra de árboles plantados supera los 300 mil en la franja del Pacífico y centro de Nicaragua, según datos de la Oficina de Fomento Forestal.

Mario García, técnico de esa oficina, dijo que las zonas prioritarias son las nacientes de 18 ríos desaparecidos entre los occidentales departamentos de León, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Jinotega.

Los bosques juegan un papel crucial en las zonas de recarga hídrica de ríos y lagos, pues captan la lluvia y la infiltran a napas subterráneas y acuíferos que alimentan los cuerpos superficiales de agua.

«Sembrar un árbol sólo por sembrarlo no es beneficioso si no va acompañado de otro propósito, como rescatar las fuentes de agua que tanto necesita la población nicaragüense», explicó García.

El funcionario detalló que esta campaña incluye otra, educativa, para que campesinos y ganaderos cambien sus métodos tradicionales de quema de bosques y riego de plantaciones por sistemas más sustentables.

El ecologista independiente Kamilo Lara dijo a Tierramérica que, aunque la cruzada es elogiable, el éxito dependerá del respaldo que el gobierno logre obtener de las 153 alcaldías del país, 58 de las cuales pertenecen a candidatos del opositor Partido Liberal Constitucionalista.

«Las alcaldías son un buen gancho para la efectividad de las campañas, pero si no se hace directamente con las comunidades, la campaña no va a obtener los resultados deseados», comentó Lara.

Según datos del Ministerio del Ambiente, en 1950 existían aproximadamente ocho millones de hectáreas de bosques en el territorio nacional. Actualmente la cobertura boscosa desciende a tres millones de hectáreas y baja cada año.

La cruzada nacional de reforestación «es una carrera contra el tiempo», advirtió Schwartz.

Según estadísticas del gobierno, cada año se talan de manera ilegal cerca de 70 mil hectáreas de bosques. «A ese ritmo, si no se busca cómo frenar esta actividad, en 40 años Nicaragua estará convertida en un desierto», advirtió Schwartz.

El presidente Ortega ordenó que el ejército aumente la vigilancia en carreteras que llegan a las zonas boscosas, principalmente de las áreas protegidas de Bosawa (norte) y de la Reserva Biológica Indio Maíz (sur).

Según el mandatario, en esas zonas operan bandas de traficantes de maderas preciosas que las cortan y trasiegan ilegalmente dentro de Honduras y a Costa Rica.

En junio de 2006 el gobierno decretó una Ley de Veda Forestal para detener por 10 años la comercialización de cedro (Cedrela odorata), pochote (Bombacopsis quinata), pino (Pinaceae), mangle (Rhizophoraceae) y ceibo (Erythrina crista-galli).

El experto en manejo de recursos naturales Guillermo Bendaña García expresó a Tierramérica que la advertencia de Schwartz sobre el futuro «no es extremista» y «se encuentra más cerca de la realidad de lo que imaginamos».

Bendaña, autor del libro «Problemas ecológicos globales: ¿El principio del fin de la especie humana?», señaló que el ritmo de destrucción ambiental en América Central podría dejar sin agua al istmo en menos de 30 años.

Un control forestal independiente realizado entre agosto de 2006 y marzo de 2007 por la empresa Global Witness, sostiene que en Nicaragua se pierden entre 70 mil y 180 mil hectáreas de bosque cada año y con ello se deteriora el acceso a las fuentes de agua de consumo humano.

El Informe de Desarrollo Humano 2007, presentado en junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que más de 70 por ciento de los 5,1 millones de nicaragüenses carecen de agua potable.

El autor es colaborador de IPS.

ECOBREVES
VENEZUELA
Producen fertilizantes y plaguicidas naturales
CARACAS.- El gobierno de Venezuela inauguró en el sudoeste fronterizo con Colombia el primero de los 21 laboratorios productores de biocontroladores y biofertilizantes que establecerá en 14 regiones del país, a un costo de 13 millones de dólares. Los productos abastecerán hasta 560 mil hectáreas de cultivos, informó el ministro de Agricultura, Elías Jaua. Los biocontroladores y biofertilizantes son «microorganismos, como hongos y bacterias, que controlan las plagas que se abaten sobre los cultivos, como el Bauveria bassiana contra la broca del café o el Bacilus thuringensis, que protege el maíz», explicó a Tierramérica el agrónomo Michael Castillo, de la sudoccidental Universidad de Los Andes.

Estos polvos se disuelven para aplicar a los cultivos en reemplazo de plaguicidas químicos. «Así cumplimos con los compromisos del Protocolo de Kyoto, que pide reducir los agroquímicos», puntualizó Jaua.

URUGUAY
Litoral en riesgo por cambio climático
MONTEVIDEO.- Políticos y ciudadanos de Uruguay deben ser conscientes de la amenaza del cambio climático, sobre todo en el litoral marítimo, exhortó el representante permanente de la ONU en este país, Pablo Mandeville.

«El cambio climático es una realidad que ya golpea. No hacer nada no es una opción», dijo a Tierramérica el funcionario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tras disertar el 8 de este mes ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Mandeville subrayó que 70 por ciento del producto interno bruto uruguayo procede de zonas costeras, que son las más vulnerables al cambio climático, por la elevación del nivel del mar, originada en el derretimiento de los hielos polares.

Se necesita tomar medidas de adaptación, aunque éstas dependen de un estudio pormenorizado previo, destacó. Uruguay cumple con el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, los principales infractores son «los países del Norte», señaló Mandeville.

BRASIL
Agrotóxicos matan abejas
PORTO ALEGRE.- Un cóctel de agrotóxicos cada vez más utilizado en la siembra directa de la soja está diezmando las colmenas de abejas en el extremo sur de Brasil.

En los últimos cuatro años se registraron por lo menos 20 casos en siete municipios del estado de Rio Grande do Sul.

«Es cada vez más frecuente el despoblamiento de colmenas de apicultores que producen cerca de los cultivos. Para reducir el costo de la fumigación, los cultivadores de soja aplican el insecticida fipronil, letal para las abejas, mezclado con el desecante glifosato», explicó a Tierramérica Aroni Sattler, presidente de la Federación Apícola del estado, que produce unas siete mil toneladas anuales de miel.

Se calcula que los agrotóxicos reducen hasta 20 por ciento la productividad de las colmenas. (FIN).