Los ahorrantes tienen la oportunidad de verificar si disponen de recursos en alguna de las entidades de la lista en la página web de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario

La Superintendencia de Bancos (SB) empezó la tercera etapa de su campaña Dinero Busca Dueño, que se propone devolver RD$410 millones a 8,950 usuarios con cuentas de ahorros y certificados de depósito en siete instituciones financieras que se encuentran en proceso liquidación.

La SB convoca a los depositantes del antiguo Banco Universal y otras seis sociedades vinculadas a este: Banco Hipotecario Universal, S.A.; Centro Bancuniversal S.A.; Centro Financiero Banco Universal, S. A.; Grupo Banespañol, S.A.; Grupo Financiero Banco Español, S.A.; y del Grupo Financiero Universal, S.A. Todas cesaron sus operaciones a finales del año 1992.

Los ahorrantes tienen la oportunidad de verificar si disponen de recursos en alguna de las entidades de esta lista en la página web de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario).

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La consulta está habilitada desde hoy. Las personas que consideren que pueden pertenecer a este grupo de ahorristas deben acceder a www.prousuario.gob.do, hacer clic en consultas y luego en productos en entidades en liquidación. En los casos en que el titular de la cuenta haya fallecido, los familiares más próximos podrán solicitar a la SB la devolución de los recursos, presentando la documentación pertinente en el proceso de validación.

Durante las dos primeras fases de Dinero Busca Dueño, la SB ha entregado RD$120.2 millones a 433 ahorrantes de 34 entidades que cesaron sus operaciones y que se encontraban en proceso de liquidación o disolución. El monto retornado a los depositantes durante los últimos dos años y medio supera en más de un 20% al total registrado durante los 13 años previos (RD$ 99.7 millones). En su rol de proteger al usuario de los servicios financieros, la SB vela por que a los depositantes de entidades que cesan operaciones y entran en proceso de liquidación, les sean devueltos sus recursos según el orden de prioridad de pagos establecidos por la ley.