Luis Armando Asunción Álvarez, Superintendente de Bancos, debe aclarar y precisar al país y a su Gobierno, la venta al venezolano José Antonio Oliveros Febres del Banco Providencial, en violación a la ley Monetaria y Financiera 183-02.
Aún más, y peor, la forma acelerada con la que Asunción Álvarez convirtió el Banco Providencial en múltiple en 48 horas, para traspasarle sus activos al Banco, un proceso que demora un tiempo que se soslayó, y esa prisa debe explicarse cuáles fueron los motivos, a sabiendas que el proceso de ley no fue honrado.
Hernández Oleaga aduce que cuando la SB intervino el Banco Providencial no presentaba balance de quiebra, y alega que la decisión precipitada de Asunción Álvarez supuestamente la motivó el propósito de incorporarse como accionista del intervenido banco.
Denuncia Hernández Oleaga que el rol de un Superintendente de Bancos dista mucho de convertirse en promotor de venta de un banco intervenido o en funciones, validadas tanto por la SB como por el Banco Central.
Incluye en sus quejas y denuncias Hernández Oleaga a Asunción Álvarez, la estrecha vinculación de éste con el empresario venezolano Antonio Oliveros Febres para proceder a endosarle el Banco Providencial con activos y pasivos, que parece exceden a tres de las desaparecidas motas.
Para el 17 de este mes, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional tiene fijado el conocimiento del caso del liquidado Banco Providencial, para quien el representante legal de la SB, el jurista Luis Miguel Pereyra, pide juicio de fondo.
Surge la interrogante de por qué la SB no monitoreó las operaciones del Banco Providencial que culminó conforme a la SB en quiebra, aunque Hernández Oleaga rechaza esa versión, alegando que cuando se produjo la intervención, éste operaba de forma normal.