La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional una resolución emitida por el Ayuntamiento de Santiago que autorizó a ese cabildo a firmar un contrato para el uso de parquímetros.

 El recurso fue incoado por regidores del Partido de la Liberación Dominicana y por la organización Trabajadores Dominicanos en busca de que se eliminara la resolución emitida el 26 de septiembre de 2005.

Al adoptar su decisión, los jueces del más alto tribunal  observaron que las evidencias aportadas ponen de manifiesto que  el ayuntamiento  de Santiago transfirió a favor de una empresa privada su facultad  constitucional de establecer arbitrios y multas dentro del ámbito de su jurisdicción.

“…lo que  aplica e impone, desconociendo que éstos, cuando están legalmente establecidos, en caso de incumplimiento, solo los tribunales del orden judicial están investidos de la facultad de sancionar las infracciones a la Ley de Tránsito…”, precisa la decisión.

Señala, además, que el Consorcio Blue Parking Caribbean “amparado en el susodicho contrato”, actúa como propietario y usufructuario exclusivo de las vías públicas de Santiago, al  alquilar o arrendar  espacios y “fuera de jueces y ministerio  público, la ley no da facultad a otros organismos del Estado y mucho menos a particulares para que ejerzan esas funciones”.

 Contentos.  El Comité contra-parquímetros  consideró como “un triunfo de Santiago” la sentencia.

Los munícipes esperan que   la decisión sea acatada por el   Ministerio Público  y desmantelada toda la estructura de los parquímetros.