De 375 expedientes examinados por la Dirección de Mensura Catastral, 240 afectan las áreas protegidas de la República Dominicana, denunció el magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien advirtió que esa situación es grave porque implica niveles de violación a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas.

Al ofrecer la información, explicó que los 240 expedientes están en proceso de saneamiento, lo que significa que hay igual cantidad de particulares que exigen derechos de propiedad en las citadas zonas.

Subero Isa explicó que las áreas protegidas del país ascienden a 6,875.91 kilómetros cuadrados, de los que están afectados 77.9 kilómetros cuadrados, equivalentes a 700 millones, 900 mil metros cuadrados.

Eso es gravísimo porque se estaría violando la Ley de Áreas Protegidas. Nosotros lo que podemos hacer es colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente para regularizar esa situación, expresó.

Asimismo, explicó los reclamos de propiedad se producen principalmente en Bahía de Las Águilas, Pedernales, en Samaná, en la región Noroeste y en diversas áreas de la región Este.

Los terrenos más codiciados son los que tienen mayor atractivo turístico, dijo el magistrado durante el encuentro al que también asistieron Luis Henry Molina, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Laura Hernández, directora nacional de la Defensa Pública; Helder Tavárez, director del Programa de Jurisdicción Inmobiliaria, Dianivel Guzmán, coordinadora del despacho de Subero Isa, y Rosa Puello, encargada de prensa de la SCJ.

Igualmente, el magistrado afirmó que la Jurisdicción de Tierras mantiene una vigilancia permanente en la región Este, y en otras zonas del país, porque hay una alta incidencia de abogados notarios que se dedican a falsificar documentos.

Los planes de fortalecimiento

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) implementa, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el proyecto de Planificación Estratégica 2009-2013, con el que se persigue mejorar la administración de justicia para que sea más accesible y menos costosa.

El funcionario judicial se refirió al tema al explicar los componentes del Plan Estratégico que tiene, entre sus principales objetivos, el fortalecimiento institucional, el aumento de la transparencia de los actores del sistema, y un mayor compromiso de estos para cambiar la cultura de trabajo.

El plan incluye el fomento de los principios éticos y de la rendición de cuentas porque, a juicio de Subero Isa, uno de los grandes defectos de la administración pública del país es que la carencia de esos controles fomenta la corrupción.

En ese contexto, el magistrado destacó que la SCJ ha estado permanentemente comprometida con el control ético de los jueces del sistema, y en ese sentido destacó que desde 1997 se han destituido 31 jueces por comprobarse manejos irregulares en sus funciones. Y asimismo, que en estos momentos el Departamento de Inspectoría Judicial investiga la conducta otros cuatro magistrados.

Sobre ese aspecto dijo que, en lo adelante, la SCJ no sólo destituirá de sus cargos a los que cometan faltas graves, sino que los someterá a la justicia cuando se comprueben delitos penales.

Subero Isa citó también los avances del organismo, en términos de su efectividad.

Explicó que desde agosto de 1997 a diciembre de 2008 se recibieron 31,285 recursos de casación, de los cuales se fallaron 19,647.

Con relación a las acciones de inconstitucionalidad, el tribunal acogió 514 acciones, de las que ha fallado 296.

La Jurisdicción Inmobiliaria se incluye en los avances del Poder Judicial, ya que el Registro de Títulos del Distrito Nacional entrega los títulos de propiedad entre 45 y 20 días, y la Dirección de Mensura Catastral da los expedientes solicitados entre 10 y 15 días.