Todavía ayer el Ministerio Público no había solicitado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la designación del juez de Instrucción Especial que se encargaría de examinar los elementos de pruebas que someterá a su consideración, sobre la supuesta vinculación el diputado Sergio Moya (Gory), en el entramado de corrupción denominado Calamar.

El juez de marras, cuya designación corresponde al presidente de la SCJ magistrado Luis Henry Molina, es quien además debe gestionar ante la Cámara de Diputados el despojo de la inmunidad parlamentaria al legislador, y dictar medida de coerción en su contra, si que fuere necesario

Se sabe por declaraciones del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, que ya la directora de Persecución de la procuraduría General Yeni Berenice Reynoso tiene en su poder la documentación que el MP le solicitó sobre el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

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Se trata de certificaciones que incluyen información detallada de los emolumentos que recibe Gory por su trabajo como legislador.

“El Ministerio Público se ha comunicado con nosotros para pedirnos algunas certificaciones, lo hemos hecho…”, dijo Pacheco.

Adelantó que la Cámara de Diputados nunca obstruirá cualquier investigación que se haga sobre cualquiera de sus miembros.

La magistrada Jiménez ha dicho en dos oportunidades que en las próximas horas solicitará a la SCJ la designación de un juez especial para iniciar la investigación sobre el legislador perremeísta.

Sostiene que la investigación del caso Calamar está en proceso y que el MP “someterá a todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal” en ese caso.