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Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pronunciaron una sentencia con relación al punto de partida del plazo razonable de tres años en la que los tribunales deben ponerle fin a los procesos en materia penal.
Al respecto, el abogado Sergio Germán afirmó que se constituye en una jurisprudencia que garantiza y protege los derechos humanos, porque pone fin a la práctica de prolongar indefinidamente los procesos.
De acuerdo con la decisión del 31 de octubre, el punto de partida del plazo para la extinción de la acción penal previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal tiene lugar cuando se lleva a cabo contra una persona una persecución penal en la cual se ha identificado con precisión el sujeto y las causas, con posibilidad de que en su contra puedan verse afectados sus derechos fundamentales.
También, plantea que el punto inicial puede ser la fecha de la actuación legal o del requerimiento de autoridad pública que implique razonablemente hubo una afectación o disminución de los derechos fundamentales de una persona, aun cuando no se le haya impuesto una medida de coerción.
El plazo establecido en los artículos 69 numeral 2 de la Constitución; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.3.c del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 8, 44 numeral 11, 148 y 149 del Código Procesal Penal y la Resolución No. 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia.
Además, delimita la actividad o inactividad de los jueces y el Ministerio Público en el proceso penal, en razón de que las sentencias sobre extinción de la acción penal por el vencimiento del plazo razonable necesariamente deben exponer el comportamiento de las partes, jueces y fiscales en caso de la extinción.
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Tema constante
La jurisprudencia sobre el plazo razonable ha sido una labor continuada y coherente por parte de los 32 jueces que han integrado la Suprema Corte de Justicia a partir de la aplicación del Código Procesal Penal en el año 2004.
Aporte al sistema judicial
El doctor Sergio Germán Medrano, vicepresidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal consideró que la sentencia favorece al sistema de justicia.
