Pese a la responsabilidad que le atribuye el procurador general, Francisco Domínguez Brito, en la fuga de los dos pilotos franceses condenados a 20 años por narcotráfico y dejados en libertad bajo fianza, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha dado el silencio por respuesta.

¡Insólito! Es lo único que ha dicho el presidente de la alta corte, Mariano Germán, sobre un hecho considerado tan grave, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los espacios marítimo y aéreo de República Dominicana, y en cuestionamiento a los organismos de inteligencia.

No obstante, trascendió que la SCJ dispuso una investigación sobre las decisiones emanadas del Juzgado de la Instrucción y del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, respecto a los pilotos franceses Pascal Fauret y Bruno Odos

Juezas protagonistas. Son la magistrada Elka Reyes Olivo, quien como jueza de la instrucción quitó la medida de coerción consistente en prisión preventiva, dictada contra Fauret y Odos, por considerar que los dos extranjeros habían excedido el tiempo en prisión.

También las magistradas Gisselle Méndez, Ingrid Fernández y Claribel Nival, del Primer Tribunal Colegiado, quienes, según el Ministerio Público, le rechazaron la solicitud para restituir la prisión preventiva impuesta a los pilotos franceses.

El director de Inspectoría de la SCJ, Carlos Iglesia, rehusó ayer revelar si el Consejo del Poder Judicial o su presidente, el magistrado Germán, habían apoderado a esa dependencia del caso para hacer averiguaciones.

Jueces son los culpables. A juicio del procurador general, Francisco Domínguez Brito, fue la decisión del tribunal de variar la medida de coerción privativa de libertad, “favoreciendo a los imputados con una medida mucho más laxa”, lo que permitió que los dos condenados “transitaran sin custodia por el territorio nacional y facilitó su fuga”.

15 meses en prisión. Fauret, Odos, y otros dos franceses fueron sentenciados en el país el pasado 15 de agosto a 20 años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado que preside la magistrada Méndez, tras ser encontrados culpables de tráfico internacional de drogas.

Fueron apresados junto a un grupo de dominicanos, incluidos militares, durante un operativo realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el aeropuerto de Punta Cana, cuando los franceses se disponían a abandonar el país en una aeronave en cuyo interior habían 26 maletas repletas con 700 kilogramos de cocaína.

El grupo de acusados permaneció en prisión un año y tres meses, hasta tanto la Fiscalía concluyera la investigación del caso.