POR MANASÉS SEPÚLVEDA
En la Suprema Corte de Justicia hay pendientes de fallo más de ciento cincuenta recursos de inconstitucionalidad pero los jueces carecen de tiempo para conocerlos, por lo que se propondrá al Congreso Nacional la creación de la Sala Constitucional, dijo ayer el doctor Jorge Subero Isa, presidente del tribunal.

«Estamos considerando someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear una sala constitucional  dentro de la propia Suprema Corte de Justicia siguiendo el ejemplo del modelo de Costa Rica», dijo Subero Isa luego de dejar inaugurado el XI Encuentro de Presidentes y Magistrados Constitucionales y de Salas Constitucionales de América Latina, en el hotel El Embajador en la mañana de ayer.

Dijo que la Suprema Corte deberá recibir un RD$3,000 millones el próximo año si se toma en cuenta el monto del nuevo presupuesto de preparado por el poder Ejecutivo.

En la actividad, que se extenderá hasta el día 5 de noviembre, participan jueces de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Uruguay entre otros países.

Subero Isa señaló que la Suprema Corte dominicana quiere compartir la idea de la creación de la Sala Constitucional con la comunidad jurídica nacional y hacer seminarios y talleres para que diferentes sectores alimenten ese proyecto.

Dijo que hasta ahora están recibiendo algunas observaciones  como es el caso de la corte de Costa Rica a la cual se le envió el proyecto de ley.

«La finalidad principal es agilizar mucho los asuntos de inconstitucionalidad. Hay algunas modalidades como el recurso de amparo que ahora lo conocen las cámaras civiles y las cortes de apelación, y en lo adelante la Sala Constitucional se encargaría de conocerlo», explicó.

Señaló que está muy esperanzado en que el proyecto sea acogido porque se va a descongestionar de los recursos de inconstitucionalidad que son más de 150 ó 175 que no se han podido fallar por falta de tiempo.

Expresó que prácticamente todos los países latinoamericanos coinciden en tener los mismos principios constitucionales en materia de derechos humanos y garantías individuales.

«El problema consiste en el respeto a esos derechos donde en algunos países son meras declaraciones como si se tratase de maquillar la estructura política del Estado. Si los gobernantes y gobernados respetasen la Constitución no habría violación a los derechos humanos ni a los derechos fundamentales», expresó.

PRESUPUESTO

Respecto a los recursos que recibirá el año próximo, dijo que como el presupuesto de la Suprema Corte depende de los ingresos nacionales, el tribunal sometió un proyecto junto al Senado, la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas. «Deberíamos tocar tres mil y tantos millones si el estimado de los ingresos para la nación es de RD$172,000 millones de pesos», dijo.

Respecto al nuevo Código Procesal Penal Subero Isa expresó que es difícil lograr la homogeneidad en su interpretación por el carácter jurisdiccional que tienen esas medidas.

Puso como ejemplo el Código Civil cumplió en marzo doscientos años en Francia y todavía se están interpretando sus disposiciones.  «Hasta que no se produzca un ajuste  a nivel jurisprudencial van a seguir surgiendo las interpretaciones.  Lo que no podemos hacer es limitar la capacidad que tienen los jueces de interpretar las disposiciones legales. Desde luego la Suprema Corte de Justicia, cuando lleguen los recursos, va a tener que tomar una decisión», explicó.

Expresó que la presunción de inocencia se estableció desde 1789 y que eso hay que respetarlo.

Estimó que hay avances importantes como es el hecho de que ya la Policía no retiene familiares de acusados.

Al preguntársele acerca de cuándo serán establecidos los jueces de ejecución de las penas, dijo que se está trabajando y que en la próxima semana se tendrá algo decidido.

También que se está a la espera del nuevo presupuesto para que se puedan establecer todos los tribunales de niños niñas y adolescentes.

Prometió que para el año próximo estarán creadas todas las estructuras judiciales que establece el nuevo código. 

«Un caso grave es el de la provincia Santo Domingo que funciona con apenas tres cámaras civiles que tienen que conocer materia civil, comercial, niños niñas y adolescentes», indicó.