SCJ no puede investigar jueza sin denuncia

http://hoy.com.do/image/article/671/460x390/0/93632C88-7771-4017-B902-898168D84927.jpeg

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dijo ayer que no puede investigar la decisión que dispuso la libertad de cuatro acusados de narcotrafico, si no recibe una denuncia formal sobre el caso.

 Jorge Subero Isa dijo que  se enteró de la decisión por la prensa. En otras ocasiones la Dirección Nacional de Control de Drogas hace la denuncia de manera institucional, “pero no se por qué ahora no se hizo”.

 “Nos la presentan con las debidas pruebas y nosotros hacemos las indagatorias para ver que ha ocurrido. En esta ocasión la denuncia llegó primero a la prensa que al Poder Judicial”, expresó el magistrado.

Dijo que desconoce los motivos y la decisión que adoptó la jueza interina Awilda Beltré.

 Jueza notifica resolución.  Pasado el medio día de ayer, la jueza, que estuvo de interina en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Awilda Beltré, notificó a la Fiscalía del Distrito Nacional la resolución en que expone los motivos por los que varió la medida de coerción de los cuatro acusados de traficar en el país 309 kilos de cocaína, que estarían destinados a ser llevados a los Estados Unidos. De inmediato, el ministerio público comenzó a preparar el recurso para apelar la decisión de la jueza, que cambió la prisión preventiva de los imputados, al dejarlos en libertad, aunque con impedimento de salida del país, presentación periódica por ante el fiscal investigador y fianza. Los acusados son Freddy Manuel Martínez, Miguel Ángel Espinal Herrera, Roberto Antonio Mendoza Manzano, Félix Evangelista Sánchez Crispín y Carlos Rubén Morales.

El coordinador del Departamento que persigue del delito por tráfico de droga en la Fiscalía, Francis Soto, trabaja en el documento que el Ministerio Público defenderá ante la corte, para tratar de que a los perseguidos se les vuelva a colocar la prisión preventiva.

La crítica del Ministerio Público a la actuación de la jueza es por la cantidad de días que tardó sin firmar la resolución que justifica la variación de la medida de coerción a los acusados.