SCJ ordena cámara baja dar nómina a abogado

SCJ ordena cámara baja dar nómina a abogado

La Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que obliga a la Cámara de Diputados a entregar copia de la nómina del personal al abogado Alejandro Alberto Paulino Vallejo, la cual le negaba la presidencia del órgano  desde enero del año pasado.

La resolución 3780-2010, emitida por el pleno de la SCJ, reunida en Cámara de Consejo, el  16 de febrero, confirma la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, que acogió la petición del abogado Paulino Vallejo, en su decisión 1 de septiembre de 2010.

La SCJ permite ejecutar la sentencia dada en amparo por el Tribunal Superior Administrativo y desestima el recurso de casación de la Cámara de Diputados, en la que solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia del 1 de septiembre.

Trece de los 16 jueces de la SCJ le dieron ganancia de causa al abogado Paulino Vallejo. Lo mismo hizo el Tribunal Superior Administrativo, al acoger la acción de amparo del 12 de enero de 2010 y ordenar la entrega de toda la información relativa a copia certificada de su nómina, tal como lo dispone la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04.

El Tribunal Superior Administrativo había ordenado a la Cámara de Diputados dar al abogado copia de su nómina, conteniendo nombre, apellidos, cargos y sueldos que devengan sus empleados. 

Las claves

1.  Plazo y astreinte

En la decisión, el Superior Administrativo  otorgó un plazo de 20 días para que la Cámara de Diputados cumpla la sentencia y le impuso un astreinte, es decir, el pago de 5,000 pesos diarios por día de retardo en la entrega de los documentos.

2.  Rechazado

La Suprema Corte de Justicia  rechazó el recurso de casación, que mediante instancia, elevaron los abogados  de la Cámara de Diputados Eduardo Jorge Prats y Santiago Rodríguez.

3.  Aceptado

En cambio, acogió el fallo del Superior Administrativo en beneficio de Paulino Vallejo y el escrito de recurrente que elevaron sus abogados Remberto José de Jesús Pichardo, Juan y Hermes Guerrero Báez. Así  se acoge a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

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