La Suprema Corte de Justicia (SCJ) reintrodujo ayer al Senado el proyecto de ley de reforma al Código de Procedimiento Civil y sometió otras dos iniciativas correspondientes a la Agenda Legislativa Priorizada.

Las otras iniciativas remitidas por el presidente de la SCJ, Mariano Germán, son los proyectos sobre el ejercicio de la abogacía y notaría y el de la agrimensura y la arquitectura, por ante la jurisdicción inmobiliaria.

Las tres iniciativas fueron remitidas a estudio de la comisión senatorial de Justicia, que preside el senador Julio César Valentín.

Mediante declaraciones recientes, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, dijo que el proyecto del Código Civil se ajusta a la nueva realidad que vive el país.

El proyecto fue aprobado por la cámara baja, pero ha perdido vigencia en varias oportunidades al pasarle dos legislaturas sin ser convertida en ley.

Cambios. Martínez, diputado por Puerto Plata, destacó que esa ley incluye importantes cambios que tienen que ver con la realidad socio-política, para lo cual se adapta, significó, “a nuestras propias tradiciones”.

Precisó que dentro de las innovaciones para el nuevo Código Civil se encuentran el derecho a la vida privada, el derecho a la imagen y el derecho a la integridad física.

Significó que esas son figuras que no contiene el Código Civil vigente, que es una herencia de la legislación francesa.

Matrimonios no católicos. Martínez explicó que se admite el matrimonio canónico como equivalente de la forma civil, e incorpora el matrimonio en religiones no católicas.

También se incluyeron los derechos y deberes de los cónyuges, igualmente regular más cuidadosamente las relaciones personales y matrimoniales entre los esposos, basándose en el principio constitucional de igualdad.

Consigna, además, que los niños que nazcan fuera del matrimonio tendrán derecho a la herencia.

El congresista señaló que la iniciativa incluye también la protección por la violencia conyugal y reparación mutua de ambos esposos, el régimen de solidaridad de deudas contraídas por el mantenimiento y conservación del hogar.