Cuando los miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresaron su inconformidad con los métodos utilizados por el gobierno respecto del acceso informativo de los funcionarios, colocaron en el centro de la reflexión y debate una de las aristas que tipifican los niveles de retorcimiento entre el poder y los medios. Aunque no es nuevo el fenómeno, su comportamiento actual asume esa relación desde una perspectiva de sumisión y adocenamiento.
La regla de oro el sistema democrático radica en un afán de que los medios de comunicación sirvan de contrapeso y muro capaz de limitar los excesos y prácticas corrosivas. Y en esencia, en la medida de que el modelo político encontró en lo mediático el escenario para la estructuración de valores, no escapa el deseo de los gobiernos, en cooptar todos los instrumentos con potencialidad para traducir las bondades de la gestión pública.
En el caso nuestro, nunca había sido tan atractivo y rentable el cerrar filas desde los medios a favor del criterio oficial. En el ámbito de la inversión presupuestaria, los gobiernos del PLD se caracterizan por edificar una relación de posicionamiento informativo alrededor de una amplísima gama de periodistas y hacedores de opinión que copan programas, redactan artículos y establecen relaciones económicas en toda la estructura del Estado. Por eso, la respuesta gubernamental ante el comunicado de la SDD asume que concurrir a los espacios “clásicos y colindantes” con la línea oficial “satisface” el reclamo ciudadano sobre un modelo comunicacional que obstruye el interés de muchos porque se informe con veracidad y apego a lo justo. Lo dramático consiste en que, más allá, del muro de comunicación afín a la agenda gubernamental se establecen modalidades alternativas que burlan el cerco y construyen visiones atractivas al resto de la sociedad que reacciona con hastío ante un coro de opinión asfixiante. Por eso, la batalla de la percepción parece inclinarse hacia litorales lejanos a todo lo que se asocie a lo oficial. Inclusive, las informaciones irritantes que llegan a las principales portadas abordando temas como la corrupción, desigualdad e ineficiencia en los servicios públicos colocan al medio en el centro de la credibilidad debido a que la gente identifica con claridad las expresiones propagandísticas en la prensa radial, escrita y televisiva.
A toda gestión pública le asiste el derecho de edificar su relación con los medios, e identificar sus voceros esenciales. Ahora bien, en ocasiones, se incurre en la torpeza de colocar en el rol de propaladores de las virtudes del oficialismo a un personal que la simple identificación de éstos con una causa provoca la reacción contraria porque se presume de voces adheridas al presupuesto nacional que facturan lo que escriben y cobran lo comentado. Y así se reduce el crédito del mensaje transmitido, desplazándose hacia otros litorales la idea de que la rigurosidad informativa anda en dirección contraria.
El grave problema en la relación de los medios con los gobiernos reside en la capacidad de cooptar mandos ejecutivos que sirven a la propaganda oficial desde la misma estructuración de la información debido a que en el corazón de la noticia, la veracidad es postergada, porque los actores cerraron filas con una causa política aderezada de ventajas financieras. En la redacción, se vive la batalla de lo que es atractivo como noticia. Tan estratégico e importante es controlar la noticia a imprimir lo que es “favorable” que, tanto los partidos como grupos económicos, tienen el interés sentar sus soldados de la información como garantía de sentirse protegidos y/o previamente informados.