Se abre una batalla entre diputados y senadores por aprobación Ley 20-01

Se abre una batalla entre  diputados y senadores por aprobación Ley 20-01

AMARILIS CASTRO jiiménez y llennis JIMÉNEZ
a.castro@hoy.com.do
Cientos de ciudadanos de las siete provincias de la zona fronteriza del país protestaron frente al Congreso Nacional en demanda de la aprobación del proyecto de ley que modifica y extiende los beneficios de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, mientras que en un hecho sin precedentes, diputados se enfrentaron a los senadores que objetan la iniciativa legal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acusó al Senado de la República de aprobar el pasado viernes una modificación de esta ley que resulta inconstitucional.
La vigencia de la Ley 28-01 venció ayer, por lo que residentes de la región fronteriza, legisladores, exdiputados y empresarios advierten que de no aprobarse la extensión de la pieza legislativa que amplía los beneficios que se otorgan a las empresas que se instalan en la frontera, la región Sur va a desaparecer.

Los participantes solicitan al presidente de la República, Luis Abinader, intevenir en la pronta aprobación de la modificación de la Ley 28-01, para evitar que la frontera muera.

Representantes de empresas ubicadas en la zona fronteriza del país, así como cientos de sus trabajadores y comunitarios de las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco se presentaron frente al Congreso de la República, debido a que la Cámara de Diputados no conoció el proyecto de modificación de la Ley de Desarrollo Fronterizo.

El proyecto busca mantener la integridad del régimen de exención fiscal a empresas ubicadas en las comunidades fronterizas.

La Asociación de Empresas Fronterizas (Adefro) y Dilmari Cuello, presentante de los trabajadores y comunitarios, aseguraron que de no aprobar el proyecto de modificación de la Ley 28-01 se perderán más de 16,000 empleos, lo que a su vez afecta a miles de familias dominicanas que residen en las comunidades fronterizas.

Adefro sostiene que la sobrevivencia de la Ley 28-01 ha sido bloqueada en la Cámara de Diputados por intereses industriales capitalinos que desde su aprobación por 20 años, desde el primero de febrero del 2001, hasta la fecha, han colocado trabas e impedimentos para que las empresas de la zona fronteriza no se puedan desarrollar y recordó que esos empresarios, hasta promovieron recursos de inconstitucionalidad para cercenar sus objetivos, que más luego fueron vencidos en los tribunales.

Adefro llamó la atención del Gobierno para que investigue lo que entiende como una extraña concertación del Ministerio de Hacienda con los intereses que han adversado a la Ley 28-01, de quienes dijo, hasta han consultado para llevar una propuesta legislativa en consonancia con sus intereses.

Mientras que Cuello lamentó que se pretenda acabar con las pocas fuentes de trabajo que tienen las provincias fronterizas y por ende con la economía y tranquilidad de miles de familias.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados declaró que el Senado se reunió el pasado viernes y subrepticiamente aprobó la modificación de la ley sin tomar en consideración las modificaciones que le hicieron los diputados. Reveló que dos artículos modificados por el Senado fueron declarados inconstitucionales.

En tanto, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, adelantó que tienen intenciones de elevar un recurso ante el Tribunal Constitución, con la firma de más de 20 mil ciudadanos de la frontera, para que esa alta corte interprete la parte que dice que la Ley 28-01 vence en 20 años y la declare constitucional.

También la exdiputada Nancy Rodríguez, sumada a la manifestación del colectivo de residentes de las zona fronteriza, dijo que empresarios que no desean ir a invertir en la frontera empobrecida, torpedean la ley que abarcaría a las empresas de la frontera por otros 30 años, exonerándolas del pago de los impuestos.

La ley de Desarrollo Fronterizo ha encontrado numerosos detractores, especialmente entre algunos sectores empresariales que entienden que fomenta una competencia desleal, y cuestionan los beneficios que hasta el momento ha dejado a las comunidades de las provincias a las que está dirigida.

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