Se acentúa el presidencialismo en el régimen de Danilo Medina

Se acentúa el presidencialismo en el régimen de Danilo Medina

Sin responder los cuestionamientos de la sociedad ni de los comunicadores sociales el presidente Danilo Medina impone cada vez más un régimen unipersonal que subordina los demás poderes e instituciones del Estado y cumple las leyes a la conveniencia coyuntural, aún las aprobadas por el Congreso bajo control de su partido.
Más que nunca ha quedado claro que el mandatario llega al extremo de doblegar el Congreso Nacional pretendiendo imponer a todos los partidos la elección de candidaturas con el padrón universal para abrirse posibilidades de continuidad al frente del Estado o garantizársela a través de un escogido.
Solo Danilo Medina. Solo el extremo presidencialismo puede explicar que la Comisión Bicameral que durante dos legislaturas consecutivas ha avanzado en lograr consenso en torno al proyecto de ley de partidos que se discute durante casi dos décadas, esté paralizada y en ridículo, sin poder cumplir su mandato ni dar justificación ante el Congreso y la nación.
Está a la vista de todos que ni siquiera en su propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay consenso para imponer a todo el sistema partidista un único método de elección de candidatos que impera apenas en un puñado de naciones, y no solo lo rechaza un importante sector partidario encabezado por el expresidente Leonel Fernández, sino también casi todos sus aliados agrupados en un Comité Permanente de Partidos.
Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está concluyendo la elaboración de su propio padrón de militantes, parece más que grotesco que se pretenda imponerle que quienes no estén en el mismo tengan igual derecho a elegir las candidaturas de esa agrupación, constituida con apego al artículo 216 de la Constitución que garantiza la libertad de asociación política.
El voto universal dejaría sin sentido el artículo ya consensuado del proyecto de ley que condiciona la entrega del financiamiento estatal al registro del padrón de miembros de cada partido y su actualización cada año. Eso aparte de lo difícil que sería el cómputo simultáneo de los votos de la elección primaria de candidatos municipales, que podrían alcanzar a 12 mil por partidos, tres por cada cargo, dada la experiencia del procesamiento del voto preferencial a poco más de un millar de candidatos a diputados.

Doblegado el Congreso. En realidad el Congreso ha quedado doblegado por la voluntad presidencial después que el Comité Político del PLD fracasó tres veces en ponerse de acuerdo sobre las primarias abiertas, la última vez el 2 de octubre, cuando se anunció que escogerían una comisión de juristas para que determine si sería inconstitucional imponer a los partidos el voto universal en la elección de sus candidatos.
Como en muchos otros temas del debate nacional, el presidente Medina no ha expresado ni defendido su preferencia por el padrón abierto, lo que nadie duda porque sus colaboradores políticos han sido bien explícitos y solo su interés explica el congelamiento del Comité Político de su partido y ahora de la Comisión Bicameral del Congreso.
Pero más de seis semanas después que decidieran la comisión de constitucionalistas, no han podido ponerse de acuerdo para escogerlos y esta semana el secretario general del partido anunció que en vez de los cinco anunciados, serán siete, lo que todavía podría tomar tiempo y más aun para que se pongan de acuerdo. Todo eso indica que caerá otra legislatura a mediados de enero sin que el Congreso pueda decidir. Eso explicaría el comunicado expedido esta semana por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, reclamando la aprobación de la Ley de Partidos como fundamental para la institucionalidad democrática, apoyado luego por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
El próximo paso sería que la comisión de juristas se sobreponga al dictamen de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley 286-04 del 2004 que instituyó la votación obligatoria y simultánea con padrón abierto para las elecciones primarias. De nada ha valido que se recuerde que la Corte actuó en función constitucional y que la Constitución del 2010 del mismo PLD y de la gran mayoría de sus actuales legisladores se consignó un artículo transitorio consignando que le nuevo Tribunal Constitucional no podrá revisar las sentencias previas.

Restricciones presupuestarias. El presidencialismo subordina también al Poder Judicial y al municipal restringiéndole su financiamiento, aún desconociendo las leyes que pretenden evitarlo asignándole una proporción mínima de los ingresos fiscales, del 2.66% para la justicia, y 10% de los ingresos para los ayuntamientos.
Las carencias del Poder Judicial han sido exhibidas reiteradas veces en los últimos años, al punto que en la provincia Santo Domingo varios tribunales operan en furgones implementados como “salas judiciales”. Las asociaciones de jueces y algunos a título individual han reclamado inútilmente el cumplimiento de la ley. Igual en el Ministerio Público cada vez con mayores apremios investigativos.
Esta misma semana el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, que no se ha caracterizado por muchas exigencias a sus compañeros de partido que controlan el Poder Ejecutivo, respondió preguntas de reporteros diciendo que el incremento a la justicia en el presupuesto para el 2018, que acaba de ser aprobado, “no alcanza ni para arroz y habichuelas”. Recientemente el presidente de la Cámara de Cuentas, otro organismo básico del Estado, dijo que no habían podido auditar las escandalosas construcciones de Odebrecht por falta de recursos. Hace solo días el alcalde de Santiago anunció que apelará al tribunal Contencioso Administrativo para que se le entregue la proporción presupuestaria de ley.

Concentra el presupuesto. Si se observan los cuadros anexos, cortesía del economista José Rijo, se puede advertir que progresivamente la presidencia de la República aumenta su participación en el presupuesto nacional, mientras restringe la de justicia y los cabildos. Para el 2018 al Poder Judicial solo se le asigna el 1.2% de los ingresos nacionales, cuando la ley 194-04 dispone el 2.66% y a la Procuraduría General el 1% en vez del 1.43% . Es decir que se le quita casi el 50% al sector.
Lo de los 158 municipios y 232 distritos municipales del país es todavía peor, por cuanto en vez del 10% que manda la Ley 166-03, solo se le asigna el 2.8% de los ingresos para el próximo año, es decir que el Ejecutivo se queda con más de las dos terceras partes. Pero cuando se ve el récord de los últimos tres años, en el caso de la justicia al menos se mantiene la proporción, pero en los municipios se reduce del 3.5 al 3.3 y al 2.8% de los ingresos. Ha sido una constante desde que se aprobó la ley en el 2003, cuando se le llegó a asignar el 6%.
El pretexto es que los ingresos nacionales son insuficientes, pero sin embargo, el presupuesto de la Presidencia de la República se ha mantenido entre el 10 y el 11% de los ingresos cada año. Para el 2018 se le aumenta en 4,208 millones de pesos, mientras al Poder Judicial y la Procuraduría se le incrementa en 1,697 millones de pesos. El próximo año la Presidencia de la República tiene asignados 61, 974 millones de pesos, mientras los dos organismos judiciales solo 13 mil 338 millones de pesos.

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