Estuve apoyando el Proyecto de Voto Preferencial Presidencial (que no se llama Ley de Lemas, como incorrectamente lo vienen denominando los medios de comunicación social y, en consecuencia, la mayoría de la gente), porque, de aprobarse el mismo en el Congreso Nacional y materializarse su aplicación el 16 de mayo, dos de los tres partidos mayoritarios, que actualmente se encuentran divididos, podían unificarse en un 80 o 90 por ciento, aunque sea de forma circunstancial.

Apoyar ese proyecto significa contribuir al mantenimiento del sistema democrático, el cual descansa universalmente en la vigencia y fortaleza de las entidades políticas. Si los partidos tradicionales colapsan y se le ofrece acceso a la improvisación, como en efecto ha ocurrido en algunos países del continente, ¿cuál sería el futuro de la República Dominicana? No quisiera caer en expresiones manidas como «salto al vacío» y otras, pero es una pregunta que debe llevar a la reflexión a aquellos que carentes de argumentos valederos se han opuesto al proyecto.

Y digo que carecen de argumentos valederos, porque mayoritariamente los opositores al proyecto alegan el supuesto carácter inconstitucional del mismo y siempre levantando una con signa común: «contraría al voto directo para elegir al presidente de la República, establecido en la carta magna en los artículos 49 y 91.» Sin embargo, no es así. Todo el que hace tal objeción posiblemente no ha leído el proyecto. En caso contrario procura entonces confundir a la opinión pública nacional.

El Proyecto de Voto Preferencial Presidencial -pido que sea leído bien- establece el 50 por ciento o mayoría absoluta para que un candidato pueda ganar el proceso eleccionario. Aunque un partido lleve a cinco candidatos en su boleta la sumatoria de los sufragios recibidos por cada uno de ellos, aunque supere el 50 por ciento, no otorga triunfo al más votado. Esa sumatoria sólo serviría para llevar a la segunda ronda a los candidatos punteros de los partidos que alcancen el primer y segundo lugares. No se gana con voto indirecto en la primera, pero mucho menos en la segunda ronda. Ahí no hay inconstitucionalidad.

Inclusive el sistema de voto preferencial, por sus características, es mucho más democrático que el modo vigente, porque ofrece una amplia gama de ofertas electorales dentro de un mismo partido político, por lo que no tiene explicación el objetivo de «antidemocrático» que se le ha pretendido atribuir.

Sobre ese proyecto lo más que se puede decir, con cierta propiedad, es que constituye un «traje a la medida» para ciertas entidades políticas y de forma muy particular para el PRD. Se entiende, además, que a Leonel Fernández, que tiene al PLD unificado en torno a su candidatura, no le conviene para nada ese bendito proyecto y, en ese sentido, se justifican sus objeciones. El suscrito hubiese hecho lo mismo.

De todos modos, estoy entre los que creen que se hace tarde para implementar esa modalidad en el certamen electoral del 16 de mayo. Tenemos los comicios encima y la Junta Central Electoral no puede demorar más la campaña publicitaria dirigida al electorado. El tribunal electoral supremo tiene que concentrarse totalmente en el montaje del torneo, sin distraerse en hipótesis que dependen de circunstancias congresuales, sobre todo de la Cámara de Diputados.

Y por lo visto, tratándose de un proyecto tan controversial, los presidentes de ambos hemiciclos, independientemente de su auténtico perredeísmo, actúan con cautela y prudencia, como una forma de cuidar su imagen pública ante determinados segmentos de la sociedad, pero también procurando la armonía y el respeto entre los bloques opositores. Se entiende, aunque ellos no lo hayan expresado públicamente, que Jesús Vásquez y Alfredo Pacheco buscarán su reelección en la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente.

En el Senado de la República, empero, no hay los inconvenientes que se presentan en la Cámara de Diputados. Es posible que al momento de publicarse este artículo el proyecto haya sido aprobado en segunda lectura por ese hemiciclo. Los mayores obstáculos, como se comprobó originalmente, están en la cámara baja, donde también debía de ser aprobado, aunque no para aplicarse ahora, sino en futuras contiendas electorales, rompiéndose así el alegato de «traje a la medida del PRD», porque nadie dispone de una bola de cristal para establecer el beneficiario futuro de esa ley.

Pero siendo así, también se podría alegar que lo correcto sería postergar el conocimiento de proyecto para después de las elecciones y darles prioridad a otros cuya aprobación requieren urgencia. De hecho en el Congreso Nacional, en ambos hemiciclos, descansan proyectos de carácter social que son prioritarios.

Para el conocimiento y aprobación del Proyecto de Voto Preferencial presidencial faltó decisión y cohesión partidaria oportuna. Inclusive hay sectores, tanto en el PRD como en el PRSC, que se oponen a la pieza, en una actitud aparentemente inconcebible. Ante la hipótesis de que rectifiquen su postura, ya se hizo tarde y lo que procede es trabajar en función de la ley electoral vigente. Y que las elecciones (¡por poco se me olvida!) sean ejemplares, en término de transparencia y limpieza.