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MANAGUA (AFP).- La justicia nicaragüense ordenó al presidente Enrique Bolaños entregar el control de empresas públicas a los administradores nombrados por el Legislativo, a lo que el Ejecutivo se niega, agravando el conflicto de poderes entre el jefe de Estado y la oposición de izquierda y derecha.
La resolución fue dictada por la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, en respuesta a un recurso de amparo que las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) presentaron contra el presidente para obligarlo a desalojar las instituciones
La acción judicial fue promovida después de que el mandatario ordenara el lunes a la Policía resguardar el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), tras desconocer la legitimidad de las autoridades de la Sisep, que el Congreso nombró el pasado 2 junio.
El tribunal dejó sin efecto la resolución presidencial y pidió a la Policía, y al Ejército que se abstengan de conocer cualquier resolución que adopte el gobierno que obstaculice el traspaso de mando.
Bolaños anunció, sin embargo, que no acatará la orden judicial, porque dijo no enteder «qué es lo que la Corte» le pide.
«La Corte sacó una resolución, que nosotros ya la recibimos, en la que nos dicen que nos abstengamos de hacer… ¿de hacer qué?… si ya se cumplió», recriminó el mandatario, en tono irónico, durante una rueda de prensa, en Casa Presidencial.
No obstante, el presidente del Tribunal advirtió que «si el presidente y la Policía no cumplen con la orden pueden ser acusados «por desacato».
Recordó ademas que la policía esta obligada a cumplir con las leyes y las resoluciones que toman los jueces por encima de cualquier disposición que tomen el presidente y el Ministro de Gobernación como jefes superiores.
La posición del Tribunal fue respaldada por el presidente de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martines, quien dijo que los funcionarios que «desobedezcan» la ley pueden ser castigados con seis años de cárcel.
No obstante, los policías antimotines que cuidan las instalaciones de TELCOR e INAA no dejaron entrar al Superintendente de la Sisep, Víctor Guerrero, quien dijo que recurrirá a la Fiscalía para acusar al mandatario y el director de la Policía, Edwin Cordero, por desacato.
La Sisep fue creada por el Congreso, que dirigen las fuerzas mayoritarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y de Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) en el marco de la confrontación que mantienen desde hace más de un año con el gobierno.
La mayoría legislativa permitió a los dos partidos reducir los poderes al presidente mediante una polémica reforma constitucional que entró en vigencia en abril pasado y controlar el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría, entre otros organismos clave del Estado, con funcionarios que son nombrados por el Parlamento.
El gobierno por su lado sólo mantiene el control de la policía y el Ejército, que están subordinados legalmente al Ejecutivo, lo que impide a los dos cuerpos armados que son dirigidos por ex guerrilleros sandinistas, tomar partido en el conflicto político.
Bolaños, confía además resolver el conflicto con el apoyo de la OEA; que el martes decidió enviar una misión de alto nivel para facilitar un diálogo entre el gobierno y sus opositores políticos.
El PLC y el FSLN rechazaron la mediación de la OEA.
