Están en su punto de mayor tensión las diferencias entre el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña y el presidente de la Dirección Nacional de  Control de Drogas (DNCD) mayor general Rolando Rosado Mateo, por la redistribución de los bienes decomisados a los imputados de violar la ley 72-02 sobre Lavado de Activos   provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.

El  representante del Ministerio Público acusó ayer al  militar de “faltar a su palabra”, tras recordar que previamente habían  sostenido una reunión en la que  consensuaron la redistribución de los recursos.

   Precisó que en ese encuentro participaron además de ellos dos, el procurador adjunto y coordinador de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, Frank Soto, y el diputado peledeísta Carlos Guzmán, presidente de la comisión permanente de Ministerio Público de la Cámara de Diputados.

“Nosotros conversamos tanto con el mayor  general Rosado Mateo como con Mabel Féliz, del Consejo Nacional de Drogas (CND), y verbalmente nos habíamos puesto de acuerdo”, acotó.

Sin embargo, ambos funcionarios han expresado su repudio a que se le reduzcan los fondos contemplados en la ley, para ser endosados a la Procuraduría General de la República, la cual no figura entre las instituciones beneficiarias de los bienes decomisados a los sentenciados como consecuencia de las persecución del narcotráfico.

Argumentos.  Jiménez Peña agregó que los diputados son soberanos y  tendrán la responsabilidad de decidir finalmente el destino de ese proyecto de modificación a  la ley 72-02.

El procurador  fue abordado sobre el tema previo a iniciar una reunión con la Comisión Permanente de Ministerio Público de la Cámara de Diputados para estudiar el proyecto de modificación.  Detalló que en la actualidad, la Procuraduría opera  con un déficit de RD$50 millones mensuales, lo  que dificulta el traslado de los presos a los tribunales en todo el país y la remodelación de las cárceles, entre otros proyectos.

Participantes.  En la reunión estuvieron presentes además los procuradores adjuntos Frank Soto y Moisés Ferrer, los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, así como el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez. También el presidente del Colegio de Abogados,  Diego José García y Julio César de la Rosa, de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).

Finjus

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad  y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán,  declaró que es inaceptable que el Ministerio Público no participe de los beneficios económicos  producto  de las incautaciones y decomisos de los bienes obtenidos con el lavado de activos, si es  la institución rectora de la política criminal del Estado.

Precisó que  las críticas que han surgido en contra de la propuesta del Procurador se deben a que las instituciones beneficiarias no quieren reconocer el rol del Ministerio Público.

Al agotar un turno en el encuentro, el representante de la sociedad civil dijo entender que el proyecto en cuestión debe contemplar en qué se utilizarán  los fondos entregados, ya que en la actualidad éstos se manejan con  mucha discrecionalidad, así como establecer  mayores niveles de fiscalización.