CARACAS (AFP).- El conflicto interno en del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano por el referendo contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ahondó este miércoles cuando la Sala Constitucional volvió a prohibir a la Sala Electoral decidir contra los actos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En su decisión divulgada este miércoles, la Sala Constitucional ratificó su reclamo de autoridad para decidir sobre «los recursos de nulidad por inconstitucionalidad de actos emanados del Poder Electoral».

La Sala Constitucional «ordenó» a la Sala Electoral que envíe todos los expedientes «de las acciones de nulidad, amparo o cualquier otro recurso contra los actos del poder electoral, relativos a los procesos de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular», como el caso de Chávez.

La puja entre las dos salas se inició el lunes, cuando la Sala Electoral acogió un amparo presentado por la oposición y ordenó validar más de 800.000 firmas de las presentadas para pedir el referendo contra Chávez y que el CNE había sometido a reparo.

Con esta decisión, la oposición lograba sumar 2,7 millones de firmas, por encima de los 2,43 millones que necesitaba para lograr que se convoque el referendo.

La decisión de la Sala Electoral fue saludada por los opositores, pero inmediatamente fue recusada por seguidores oficialistas.

La Sala Constitucional reaccionó reclamando su jurisdicción sobre el caso y reiteró que desde el 20 de diciembre del 2001 «se declaró competente para conocer de los recursos de nulidad por inconstitucionalidad de actos emanados del Poder Electoral».

Argumentó su facultad porque fue «esta sala quien dictó, por excepción, la normativa para el funcionamiento del poder Electoral, y delegó en él la potestad normativa para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos».

Igualmente, ordenó a la Sala Electoral «paralizar todos los procesos y se abstendrá de decidir los mismos (…) hasta que se resuelva el avocamiento».

La decisión divulgada este miércoles está suscrita por los magistrados Iván Rincón, presidente del TSJ y de la sala constitucional, y Jesús Eduardo Brando.

En su primera declaración pública sobre la puja político-jurídica, el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, informó que presentó un recurso de amparo a la Sala Constitucional, para preservar intacta la autonomía del CNE.

Carrasqueró aseguró, asimismo, que «continúan las reuniones dialogantes con la (opositora) Coordinadora Democrática.

Aunque la sentencia de la Sala Electoral tiene carácter «cautelar» o transitorio y debe ser ratificada por una sentencia firme, de cumplirse su orden provisional, los opositores reunirían 2,7 millones de firmas contra Chávez, suficientes para convocar el referendo contra Chávez.

La sentencia de la Sala Electoral fue saludada por opositores, que vieron en su decisión la concreción del referendo contra Chávez, y ala vez fue inmediatamente rechazada por los oficialistas.

El TSJ designó el año pasado a los directivos del CNE ante la falta de acuerdo en la Asamblea Nacional facultada para ello.