Hoy 
POR ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ
El Día Mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, que se conmemora hoy, encuentra a la población infectada en condiciones de discriminación, pero con mayor conciencia sobre sus derechos y deberes. Así se expresaron ayer los jóvenes Ramón Acevedo, Adonis Henríquez Polanco y Narciso de los Santos, quienes dieron testimonio de discriminación en algunas empresas donde han laborado.
«Fui a un banco para depositar un dinero y cuando tuve, por alguna razón, que decir que era VIH positivo, no me permitieron abrir la cuenta», sostuvo Henríquez Polanco.
Se estima que unas 48,000 personas viven actualmente con la enfermedad la República Dominicana.
su mayor decepción es el rechazo que provoca su condición en las empresas donde laboran o se presentan a buscar empleo.
La fecha del Día Mundial del SIDA será conmemorada en el país con diversos actos oficiales y otros que han organizado las personas que viven con el VIH/SIDA.
Uno de los mayores reclamos de las personas que viven con SIDA es el derecho a los medicamentos antiretrovirales y la deficiencia en los análisis que se les practican.
Unas 8,000 personas requieren de medicamentos antirretrovirales, pero apenas 2,500 tienen acceso a ellos, explicaron los jóvenes de la Red Dominicana de Personas que Viven con el SIDA, REDOVIC.
Los activistas consideraron importante la modificación de la ley 55-93, porque consideran que no fiscaliza las acciones violatorias.
En la actualidad numerosas personas son despedidas de las empresas con métodos muy refinados, cuando los empleadores se enteran que son positivos al SIDA.
Para REDOVIC existe todavía mucha discordia e incoherencia entre los organismos estatales que deben trabajar para los controles y prevención de la pandemia.
Las personas que viven con la enfermedad tienen los mismos derechos humanos que los demás ciudadanos, pero deben tener derechos especiales a buena alimentación y nutrición.
Consideran los jóvenes del REDOVIC que una de las luchas que más se impone en el país es lograr que el Estado asuma el compromiso de los costos de los medicamentos, ya que hasta ahora son asumidos por donaciones y préstamos de organismos internacionales.
