WASHINGTON (AFP).- El cerco se estrecha en torno al secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, mientras una investigación del Congreso sobre la destitución de ocho fiscales el año pasado brinda día tras día su lote de embarazosas revelaciones.

La noche del lunes, una colaboradora cercana al secretario, Monica Goodling, encargada de mantener la comunicación entre el departamento de Justicia y la Casa Blanca, anunció que ella no responderá a preguntas de legisladores por tener derecho a no autoincriminarse.

«El contexto hostil y discutible del proceso actual en el Congreso es por lo menos ambiguo, más precisamente, este contexto puede ser descrito como legalmente peligroso», explicó en un comunicado el abogado de Goodling, John Dowd.

Pero la portavoz de la Casa Blanca Dana Perino dijo que «pienso que es desafortunado que un servidor público no sienta que su testimonio sería tratado de manera justa por el Congreso».

Por su parte, Gonzales rehusó comentar sobre la negativa de Goodling, que describió como «la decisión de un empleado del departamento de ejercer sus derechos constitucionales».

Dijo, en cambio, que «ansío trabajar con el Congreso. Creo en la verdad y la responsabilidad y todo lo que he hecho en conexión con este tema apoya esos principios».

La pregunta principal sigue siendo cuál fue el papel jugado por Gonzales, quien, en una entrevista el lunes, dio a entender que empieza a estudiar la posibilidad de dejar su cargo.

«Cada funcionario tiene que preguntarse alguna vez: ‘¿Sigue siendo apropiado que dirija un departamento?’ Es algo que me he preguntado más a menudo últimamente que quizás otros», dijo el hijo de una familia modesta de ocho niños originaria de México.

El viernes, documentos transmitidos por el departamento de Justicia al Congreso mostraron que Gonzales estuvo probablemente más implicado en el proceso de decisión de lo que ha reconocido.

Hace dos semanas, el secretario afirmó que sólo su jefe de gabinete, Kyle Sampson, que dimitió, se encargaba del tema de los fiscales, sin haberlo discutido nunca con él.

Pero según las copias de correos electrónicos y otros documentos publicados el viernes, Gonzales se reunió el 27 de noviembre por una hora con Sampson para discutir las remociones, cuya lista se concluyó diez días después.

A diferencia de Goodling, Sampson aceptó ser testigo bajo juramento ante los legisladores. El jueves asistió a la Comisión de asuntos judiciales del Senado, que busca saber por qué los fiscales federales fueron destituidos, y hasta qué punto el secretario de Justicia y la Casa Blanca estuvieron implicados en esta decisión.

Los fiscales federales son nombrados por el presidente, que puede destituirlos cuando lo desee. Pero esta práctica, que ocurre por lo general con el cambio de gobierno, no suele usarse dentro de un mismo mandato, y muchos demócratas denuncian una manipulación política de la justicia.

Las transgresiones del gobierno de George W. Bush, que enfrenta duros cuestionamientos, no han hecho más que reforzar los pedidos demócratas de dimisión del secretario, mientras que el presidente es casi el único republicano que apoya públicamente a Gonzales.

«El responsable de la aplicación de la ley en el país no puede tener una nube de dudas sobre su credibilidad», declaró el senador republicano Charles Hagel a la cadena ABC el domingo. «Si descubrimos que (Gonzales) no es franco y sincero, no podrá quedarse», agregó su colega Arlen Specter.

Un tercer senador republicano, Lindsay Graham, explicó que le gusta «mucho» Gonzales, pero que el secretario tiene el deber de explicarse ante el Senado «y restaurar su credibilidad».

Como todos los secretarios del gobierno de Estados Unidos, Gonzales ha declarado muchas veces ante comisiones del Senado para defender sus acciones y responder a las preguntas de los parlamentarios. Su próxima audiencia será el 17 de abril.