MANAGUA (AP).- La intervención del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para ayudar a superar una pugna de poderes en este país, se complicó con una nueva amenaza de destitución del presidente Enrique Bolaños de parte de sus opositores sandinistas y liberales.

El chileno Insulza dijo en Washington antes de salir hacia esta capital que no viajaba con una insignia de «alguacil» de la democracia sino en busca de allanar caminos para un diálogo nacional que viabilice las elecciones presidenciales del próximo año.

Insulza fue invitado por Bolaños que busca apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para un dialogo con la oposición, que aprobó reformas constitucionales que le restan poder.

Pero en vísperas del arribo de Insulza la situación se agravó aún más, cuando la Contraloría General de la República pidió al legislativo la destitución del mandatario, por «desacato a la Ley».

Bolaños que sólo cuenta con 10 de los 91 diputados del legislativo unicameral, rechaza las reformas y se niega a acatar ordenes judiciales para que entregue las instituciones que las reformas le han mermado.

El líder sandinista Daniel Ortega, que se opone a que Insulza participe como mediador, dijo que «Bolaños es el mayor delincuente del país por desacatar la Ley».

Agregó que Insulza debería estar en Bolivia o viajando entre Washington y Venezuela «buscando como extraditar al terrorista Posada Carriles para que sea procesado».

Por su parte, Bolaños dijo a AP que el intento de destituirlo «no tiene legalidad ni razón».

«Me voy a defender como la vez pasada», agregó, durante un acto oficial, refiriéndose a que en octubre pasado la misma contraloría hizo una solicitud igual al legislativo, que no prosperó.

Por su parte el secretario de la presidencia, Ernesto Leal, insistió que el presidente no entregará las instituciones que tratan de arrebatarle porque lo respalda una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que declaró inaplicables las reformas constitucionales.

Mientras tanto, organizaciones cívicas y grupos políticos opuestos a sandinistas y liberales preparaban para el jueves una gran marcha de respaldo a Bolaños.

Ortega dijo que «habrá más marchas» en una velada referencia a que militantes de su partido podrían salir a la calle a contrarrestarla.

La crisis nicarag_ense se originó en un pacto de 1999 entre sandinistas y liberales que desde entonces controlan desde el legislativos los poderes judicial, electoral y la Contraloría de la república.