Es una meta modesta, sólo un punto porcentual de la presión tributaria alcanzada por el país en el año 2007 (de 16,6% del PIB)

Todos los caminos parecen conducir a una reforma tributaria que en una primera etapa alcanzaría por lo menos el 17.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los mercados están atentos a lo que va a pasar con esta reforma y es lo menor a lo que debe aspirar si se quiere que las agencias calificadoras de riesgo no bajen la calificación crediticia a la República Dominicana y se mantenga viva la esperanza de que a mediano plazo el país pueda alcanzar el grado de inversión.

Se trata de un aumento necesario, no ambicioso, que coincide con la revelación de Pedro L. Rodríguez y Gabriel Zaourak, quienes en un artículo escrito ¡para el Banco Mundial, informan que estimaciones econométricas sugieren que República Dominicana puede aumentar su recaudación en un 20% (entre dos y tres puntos porcentuales del PIB) sin afectar su ritmo de crecimiento.

Pero a pesar de la meta ser modesta, sólo un punto porcentual de la presión tributaria alcanzada por el país en el año 2007 (de 16,6% del PIB) y muy inferior a la meta de la estrategia de la Estrategia Nacional de Desarrollo (del 21,5% del PIB para 2025), no es posible alcanzarla sólo con eficiencia administrativa, que es necesaria pero no suficiente.

Podríamos apostar a que con la eficiencia administrativa se logre el 1% del BID, haciendo énfasis en el uso de la tecnología para detectar el fraude. El resto tendría que ser generado por fuentes impositivas.

Deberían producirse cambios impositivos, que incluso podrían llevar revisiones de exenciones y deducciones de impuestos que alcancen el grado de lo imprescindible.

De esta manera daríamos un paso importante en el cumplimiento, que hemos venido posponiendo, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que consigna la necesidad de que “las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.